- Desde el 1 de julio de 2022, la ley 7/2022 de residuos de España obliga a todos los ayuntamientos de más de 5000 habitantes a realizar la recogida separada de la materia orgánica (los restos de comida). La manera más simple, aunque no la única, de hacerlo es mediante un contenedor específico de color marrón.
- Además tienen la obligación de aprobar planes locales de gestión de residuos, nuevas ordenanzas adaptadas a la ley y a obligar a Ecoembes a que pague el 100% del coste de la recogida de todos los envases, incluyendo los que estén en el contenedor normal de restos (gris) y los recogidos en la calle, en el campo y playas.
- Sin embargo, nuestro Ayuntamiento no ha hecho nada de esto. Por contra el Equipo de gobierno y el Pleno, han aprobado la adhesión a un convenio que es un auténtico “fraude de ley”, para ayudar a Ecoembes a que pueda seguir incumpliendo la ley a costa del dinero público y de la contaminación de la naturaleza.
Desde el 9 abril de 2022 está en vigor una nueva ley de residuos en España que traspone con casi dos años de retraso varias directivas europeas. A pesar de la insuficiencia de la Ley en algunos aspectos, significa una mejora muy importante respecto a la anterior normativa de 2011, ya derogada.
Ecologistas en Acción, en el marco de una campaña informativa hacia los ayuntamientos, enviamos el 5 de junio un escrito al Ayuntamiento de Sanlúcar informando de la entrada en vigor de la norma y de la necesidad de modificar la gestión municipal de los residuos, para cumplirla.
Esta ley, así como la aplicación de la Agenda 2030, en particular el objetivo 12 (de producción y consumo sostenibles) y las Leyes de Cambio Climático, exigen un cambio en profundidad de toda la gestión municipal de los residuos urbanos, ahora denominados residuos municipales, basada en los principios de la economía circular.
Concretando, la nueva ley de residuos obliga desde el 1 de julio de 2022 a la recogida separada de la materia orgánica, a implantar una nueva tasa municipal diferenciada que cubra todos los costes de la gestión sostenible de los residuos, a aprobar planes locales de gestión de residuos adaptados a la Ley, y a obligar a Ecoembes a que se haga cargo del coste de todos los residuos de envases, incluyendo los que estén en el contenedor de restos (gris), y a los de la recogida viaria. También a elaborar un censo de las instalaciones con amianto (uralita) y un calendario para su retirada segura.
Sin embargo, nos encontramos con que el Ayuntamiento actúa como si La Ley no existiese: no hemos recibido respuesta a nuestro escrito, no hay ninguna iniciativa conocida para cumplir la Ley; y para colmo, en el Pleno de mayo se aprobó la adhesión a un convenio con Ecoembes, La Junta de Andalucía y la FAMP que data del 2015 ignorando absolutamente a la nueva ley de Residuos, un auténtico fraude de Ley.
Detrás de todo esto hay unos beneficiarios: la poderosa industria de los envases de un solo uso -compuesta por los grandes productores y los supermercados (coca-cola, danone, nestlé, mercadona, alcampo, carrefour…) agrupadas en ECOEMBES, organización sinónimo de lucro- que ha evitado con éxito cualquier intento de reforma del sistema español de gestión de residuos durante años. Ecoembes se beneficia económicamente de un sistema premeditadamente ineficaz a costa de la contaminación de la naturaleza y de los costes duplicados que pagamos la ciudadanía.
La alternativa son los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases que se han implantado en al menos 10 países europeos, por ejemplo Portugal o Alemania, donde cada persona devuelve sus envases y le pagan una pequeña cantidad, como antiguamente con las botellas de vidrio retornables.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha llevado a cabo una acción informativa en la fachada de la biblioteca municipal, en la céntrica Plaza del Cabildo, donde se han repartido unos panfletos.
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