La resolución 114/2023 del Presidente de la Autoridad Independiente admite el derecho a la publicidad y conocimiento del Estudio de Viabilidad Económica y Financiera de las presas de La Rial y Los Morales, sólo facilitado a Ecologistas en Acción tras su petición de intervención al Consejo, quien resuelve “estimar por motivos formales la alegación presentada”.
Ecologistas considera la inclusión de las presas en el Plan Hidrológico un amaño próximo al ilícito penal, tras la omisión, inadmisión y ocultación de numerosas alegaciones técnicas e informes completos, como el mencionado de viabilidad.
La fuerte oposición vecinal y ecologista a los proyectos de presas laterales al río Órbigo llevaron en noviembre de 2018 a la Confederación Hidrográfica del Duero a anunciar la contrata de un “estudio de viabilidad económica y social” pues, afirmaba entonces su presidenta Cristina Danés: “hay mucho debate social por lo que vamos a poner en marcha un estudio de viabilidad económica y social que se va a elaborar haciendo un análisis del coste / beneficio para tomar esa decisión” (la de incluir las presas en el Plan Hidrológico).
Las conclusiones del trabajo encomendado al Agricultural and Water Resources Economic Group de la Universidad de Salamanca, fueron contundentemente adversas a la realización de los proyectos y el documento científico pasó a ser un elemento incómodo para el organismo de cuenca. De ser una herramienta para la toma de decisiones pasó a calificarse como un “documento interno encargado en su día para la obtención de información adicional relacionada con los proyectos en cuestión”, según respuesta negativa del ente a la petición expresa de acceso al estudio por parte de EeA León.
Es decir, durante el periodo de información pública del III Ciclo del Plan Hidrológico del Duero (2022-2027) los gestores de la cuenca consideraron apropiado ocultar un informe que, sufragado por el erario público, desacreditaba el proyecto de construcción de las presas que se pretendía incorporar a la planificación.
Hasta en tres ocasiones se solicitó dicho informe desde la asociación ambientalista. Tras la denuncia de su alevosa ocultación ante “Transparencia”, la nueva presidenta, Mª Jesús La Fuente, lo facilitó a las partes implicadas a fecha el 1 de marzo de 2023, con el Plan Hidrológico aprobado. El 27 de julio el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno admite la reclamación del documento realizada por los ecologistas, considerando su carácter público y resuelve “la estimación de la reclamación por motivos formales, ya que no se ha respetado el derecho de la entidad solicitante a obtener la información completa en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la presentación de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho.”
La asociación valora positivamente la resolución, pues supone un espaldarazo a sus tesis y pone en entredicho la legitimidad de la toma de decisiones por parte del organismo de cuenca hasta la fecha, al realizarse contrariamente al interés general, resultar onerosas para las arcas públicas y desarrollarse de espaldas a la ciudadanía, convirtiendo los procedimientos de información y participación pública en una farsa orientada a imponer las presas a cualquier precio.
Preocupa en el colectivo ambientalista el tejemaneje observado que de la gestión del agua realiza CHD. Anquilosada en políticas decimonónicas de aumento de regulación, en su afán de manejo presupuestario, oculta los informes que convienen a su retórica pantanera y trata de disfrazar de “alternativas” costosísimos estudios dedicados en realidad a proyectar más presas aún, en manifiesto insulto a la inteligencia del contribuyente.
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