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Instan a la Fiscalía a intensificar las medidas contra los vertidos de Ágreda y Ólvega (Soria)

  • La Depuradora de Ágreda y Ólvega continua con graves vertidos que deterioran aún más el embalse de El Val, que es el más contaminado del Valle del Ebro.
  • La sociedad conoce los graves vertidos al río Val gracias a la acción de ciudadanos anónimos que confían más en los ecologistas que en las administraciones ambientales e hidrológicas para resolver esta agresión ambiental.
  • La sanción y daños de 110.000€ pagados por los ayuntamientos de Ólvega y Ágreda en el año 2022 no han frenado los vertidos de sus empresas a los colectores municipales.

El día 15 de diciembre de 2023 varias personas contactaron con Ecologistas en Acción de Soria y Zaragoza porque habían detectado que el río Val presentaba de nuevo un color blanco procedente del emisario de la depuradora de Ágreda. Apoyaban su información con fotos y videos. Estas mismas personas avisaron también a la Guardia Civil y a la Junta de Castilla y León.

Nos encontramos de nuevo ante una situación ya conocida. Esta EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) recibe vertidos procedentes de industrias de Ágreda y de Ólvega que no son asimilables a aguas residuales domésticas y que no puede tratar convenientemente ya que deberían haberse sometido a una depuración previa en la industria emisora.

Estos casos suponen un claro incumplimiento de la autorización de vertido en los colectores municipales de cualquier municipio.

Según las informaciones que Ecologistas en Acción ha seguido recibiendo, el vertido final de la EDAR al río Val el día 22 de diciembre tiene las mismas características visuales que el que fue denunciado el día 15. Esto nos lleva a valorar que las posibles actuaciones de ayuntamientos, Junta de Castilla y León, Confederación Hidrográfica del Ebro y Guardia Civil, en el caso de que hayan existido, no han tenido ningún efecto en la resolución del problema.

Estos vertidos, desgraciadamente, no son ninguna novedad y se vienen produciendo incluso después de que se pusiera en funcionamiento la EDAR de Ágreda y en especial, desde el año 2017 cuando se instaló una fábrica de quesos en Ólvega que funcionó varios años sin depuradora propia y por tanto vertiendo directamente al colector municipal colapsando el funcionamiento de la EDAR.

Posteriormente, a pesar de que esta empresa instaló una depuradora previa, se volvieron a repetir vertidos en enero de 2022 que fueron denunciados y están pendientes de resolución en la Fiscalía Provincial de Soria.

Además, un proceso judicial contra la empresa Distiller incluye informes periciales que indican no había infraestructuras que permitieran el ayuntamiento controlar los vertidos de las empresas al colector municipal, y al menos tres de ellas vertían aguas contaminantes a la red de aguas pluviales que iban sin depurar al arroyo de los Caños.

Estos vertidos ilegales, de graves consecuencias ambientales, se han prolongado en el tiempo ante la ineficacia de las distintas administraciones implicadas en el control de la contaminación. El resultado es que el embalse de El Val (espacio RedNatura 2000) es el más contaminado del Valle del Ebro.

Pozo de las Truchas, río Val

Estado de contaminación del Pozo de las Truchas

En la base de este y otros problemas, que afectan gravemente a todo el entorno del Moncayo soriano y que hemos ido denunciando, se encuentra el modelo de desarrollo económico y social de esta comarca, un modelo y una gestión que posibilitan la instalación de empresas altamente contaminantes sin la exigencia de las medidas adecuadas de prevención y control, incluyendo la permisibilidad al captar aguas subterráneas sin sistemas de medición.

Ante la gravedad de estos hechos parece, a todas luces, escasas las sanciones que pueda imponer la Confederación Hidrográfica del Ebro que en un caso anterior en 2022 fueron de una cuantía de 110.000€. Estas sanciones tienen que ser abonadas  por los ayuntamientos y terminan repercutiendo en sus vecinos.

Entendemos que esta situación merece un proceso de revisión y crítica en el que las responsabilidades por el perjuicio causado al medio natural y los incumplimientos del ordenamiento legal, recaigan en sus verdaderos causantes para que nadie se sienta con licencia para contaminar.

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