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[Informe] Naturaleza con futuro: propuestas para la conservación de la biodiversidad en el Estado español

2020 será recordado como el año en que la comunidad global tuvo que enfrentarse de la noche a la mañana con una crisis sanitaria que sacudió todas las estructuras sobre las que nuestra sociedad se sustenta. El imparable avance de la Covid-19 ha puesto en evidencia nuestra dependencia de un sistema económico frágil, la ausencia de unas garantías equitativas en materia de derechos sociales, la necesidad de una sanidad universal que proteja a todos los pueblos y clases sociales por igual o la falta de atención a las advertencias que la comunidad científica lleva proclamando insistentemente a lo largo de las últimas décadas. Escuchar a la ciencia, desde la ciudadanía, pero aún más importante, desde la esfera política, es un imperativo moral innegable.

La creciente exposición del ser humano a nuevas enfermedades de origen zoonótico, como la Covid-19, está directamente relacionada con la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas y la desaparición de hábitats naturales, que van perdiendo superficie de manera alarmante ante la transformación provocada en ellos por el ser humano para su propio beneficio. Es necesario replantearse de manera radical nuestra relación con la naturaleza. Actualmente estamos viviendo la mayor crisis ecológica mundial jamás vivida desde que caminamos sobre el planeta. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son las caras más visibles de una crisis sistémica anunciada que aún estamos a tiempo de evitar. Pero para tomar las decisiones adecuadas hay que comprender que se está recogiendo lo sembrado tras décadas de expolio inexorable de los recursos naturales y una actitud irresponsable hacia nuestra dependencia de la naturaleza y nuestro deber a la hora de protegerla. Y si queremos señalar un culpable, lo podemos encontrar en el sometimiento al capitalismo neoliberal y la falta de determinación de nuestros líderes políticos. Esta crisis ecológica es transversal a todas las políticas sectoriales, escalas territoriales y estructuras financieras, y requiere para su solución medidas contundentes que aseguren un cambio de rumbo en la administración pública.

2020 se recordará como el año de la Covid-19, pero estaba destinado a ser el súper año de la biodiversidad. Así lo había declarado la ONU. En octubre de 2020 iba a tener lugar en China la COP15 del Convenio de la ONU sobre la Diversidad Biológica (CBD), marcando una fecha determinante para el futuro de la biodiversidad. Ese encuentro, estaba destinado a marcar el futuro de nuestro planeta, en el que se deberían renovar los compromisos internacionales en materia de conservación de la naturaleza tras el fracaso de las Metas de Aichi, cuyo objetivo era “detener la pérdida de biodiversidad”, según lo firmado diez años atrás por 195 estados, entre los que se encuentra el Estado español. Ahora que poco a poco se vuelve a la actividad, nos encontramos con que el año 2021 va a ser el año definitivo en el que las políticas medioambientales marquen el destino de nuestras sociedades. La COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica se llevará a cabo finalmente en octubre de 2021 en Kunming, China. Representantes de países de todo el mundo buscarán este año acordar colectivamente un Marco Global post 2020 “para abordar la emergencia de la naturaleza y las edidas necesarias para asegurar los sistemas de soporte vital del planeta”. Poco después, en noviembre de 2021, se celebrará en Glasgow la COP26 sobre el Cambio Climático. Serán dos fechas clave que, con los compromisos adecuados y las garantías suficientes para su ejecución, podrán asegurar el cambio de rumbo necesario. Simultáneamente, y enmarcadas dentro de este proceso de toma de decisiones en materia de políticas medioambientales para la próxima década, estamos asistiendo a la negociación y publicación de documentos estratégicos directamente vinculados a nuestro territorio que buscan vertebrar ese Marco post 2020 al que el Estado español debe contribuir inmediatamente. La Unión Europea ha publicado su Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, que define una serie de líneas de acción y decisiones en materia de protección de la biodiversidad que afecta a las políticas de todos los Estados miembros.

2020 será lembrado como o ano en que a comunidade global tivo que enfrontarse da noite para a mañá cunha crise sanitaria que sacudiu todas as estruturas sobre as que a nosa sociedade susténtase. O imparable avance da Covid-19 puxo en evidencia a nosa dependencia dun sistema económico fráxil, a ausencia dunhas garantías equitativas en materia de dereitos sociais, a necesidade dunha sanidade universal que protexa a todos os pobos e clases sociais por igual ou a falta de atención ás advertencias que a comunidade científica leva proclamando insistentemente ao longo das últimas décadas. Escoitar á ciencia, desde a cidadanía, pero aínda máis importante, desde a esfera política, é un imperativo moral innegable.

A crecente exposición do ser humano a novas enfermidades de orixe zoonótico, como a Covid-19, está directamente relacionada coa perda de biodiversidade, a destrución de ecosistemas e a desaparición de hábitats naturais, que van perdendo superficie de maneira alarmante ante a transformación provocada neles polo ser humano para o seu propio beneficio. É necesario reformularse de maneira radical nosa relación coa natureza. Actualmente estamos a vivir a maior crise ecolóxica mundial xamais vivida desde que camiñamos sobre o planeta. A perda de biodiversidade e o cambio climático son as caras máis visibles dunha crise sistémica anunciada que aínda estamos a tempo de evitar. Pero para tomar as decisións adecuadas hai que comprender que se está recollendo o sementado tras décadas de espolio inexorable dos recursos naturais e unha actitude irresponsable cara á nosa dependencia da natureza e noso deber á hora de protexela. E se queremos sinalar un culpable, podémolo atopar no sometemento ao capitalismo neoliberal e a falta de determinación dos nosos líderes políticos. Esta crise ecolóxica é transversal a todas as políticas sectoriais, escalas territoriais e estruturas financeiras, e require para a súa solución medidas contundentes que aseguren un cambio de rumbo na administración pública.

 

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