- La decisión del ejecutivo autonómico, que permitirá a las máquinas de la empresa semipública Aramón, participada por el propio gobierno e Ibercaja, la invasión inmediata de las tierras de los habitantes del valle si la justicia antes no lo impide, es de una gravedad absoluta y supone sobrepasar los últimos límites legales.
- La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), de la que forma parte Ecologistas en Acción, estudia medidas legales y acciones de protesta frente al atropello.
El BOA (Boletín Ofical de Aragón) del 17 de mayo publicaba el acuerdo del Consejo de Gobierno «por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación necesaria para la realización de las obras para la ejecución de la primera fase de Proyecto de Interés General de Aragón [PIGA] de ampliación de la estación de esquí de Cerler (Dominio Castanesa)», decretando pues la desposesión de sus tierras a los propietarios y familias de Castanesa.
Por un lado, ello supone ejecutar una política de hechos consumados. Tras conocerse que los vecinos de Castanesa se negaban a ser expoliados y que, para defenderse, habían llevado el asunto a los tribunales, es plausible y legítimo prever que el proceso judicial acabe dando la razón a los habitantes del valle, como la mera admisión a trámite permite concebir, y habida cuenta además de lo ya sucedido hace una década, cuando todos los tribunales implicados (la causa terminó en el Supremo) declararon ilegal el Plan Urbanístico de Montanuy, con el que Aramón pretendía financiar el proyecto de ampliación de Cerler.
Ante este hecho, la respuesta del Gobierno de Aragón es vergonzosa y avasalladora: declarar la expropiación forzosa y urgente, para que su ejecución sea inmediata, mientras todavía se está decidiendo en los tribunales si es legal o no, de modo que cuando se produzca la sentencia, que presumiblemente volverá a declarar ilegal el proyecto, las tierras ya estén usurpadas y destruidas, haciendo imposible la ejecución de la sentencia y dejando completamente indefensos a los habitantes y a los amantes de los paisajes de alta montaña.
Para agravar aún más los hechos, el BOA muestra que la decisión ha sido tomada por la Consejera de Economía, con la necesaria complicidad el Presidente de Aragón, algo que llama poderosamente la atención dado que la tramitación de un proyecto declarado PIGA corresponde por ley a la Consejería de Vertebración del Teritorio y no a la de Economía. Para entender que una consejería haya usurpado las competencias legales de otra, probablemente sea bueno recordar que Marta Gastón, la Consejera de Economía, es a la vez la presidenta de la empresa Aramón, de modo que parece que sus intereses como presidenta de una empresa estén prevaleciendo sobre los de su cargo público y poniendo éste al servicio de sus intereses empresariales, y no del interés general.
También resulta grave la sospecha de que los informes técnicos y jurídicos de los servicios del Gobierno de Aragón nieguen la declaración de urgencia de dicho proyecto. Algo, por otro lado, de sentido común: de un proyecto que la empresa llevaba sin ejecutar desde hace más de una década resulta ahora chocante que se diga que ya en 2010 era urgente su realización. De ser cierto que esos informes eran desfavorables a la declaración de urgencia, estaríamos presumiblemente hablando de varios delitos graves por cometer actos a sabiendas de que no son ajustados a derecho. En tal caso, habría que depurar responsabilidades y conocer qué miembros del gobierno (aparte de la Consejera de Economía y del Presidente como promotores, como nos indica el BOA) han dado el visto bueno a semejante irregularidad.
Por último, la PDMA, en la que se integra Ecologistas en Acción, desea mostrar su apoyo a los habitantes del valle de Castanesa en su lucha por defender sus tierras del expolio, y anuncia que va a estudiar medidas legales y acciones de protesta social para detener esta barbaridad.
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