- Ecologistas en Acción, junto con la organización ClientEarth, presenta alegaciones al borrador del Anteproyecto de la nueva Ley de Pesca.
- Las organizaciones valoran como necesaria la propuesta de ley pero coinciden en que el texto no es lo suficientemente ambicioso para garantizar la explotación sostenible de los recursos pesqueros, la conservación de la biodiversidad y la salud del ecosistema marino en su conjunto.
A principios de junio el Consejo de Ministros publicó el primer borrador del Anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, y lo abrió a consulta pública. Ecologistas en Acción y Clientearth han enviado alegaciones con consideraciones que deben tenerse en cuenta para que la nueva ley garantice la gestión sostenible de los recursos pesqueros y la salud del ecosistema marino en su conjunto.
Las organizaciones celebran la creación de esta nueva ley, ya que la anterior, de 2001, necesitaba actualizarse de acuerdo con el reglamento europeo: la Política Pesquera Común (PPC). Asimismo, las organizaciones aprecian la inclusión del enfoque ecosistémico, el fomento de la investigación y la inclusión de medidas para acabar con la pesca incidental de especies protegidas.
Sin embargo, el texto no es lo suficientemente ambicioso, y tal y como está redactado, es muy poco probable se aplique el enfoque ecosistémico para con ello alcanzar el objetivo de explotar los recursos pesqueros por debajo del Rendimiento Máximo Sostenible.
El texto apenas hace mención a los planes plurianuales de gestión, herramienta capaz de adaptar las leyes que vienen desde Europa a las peculiaridades regionales de cada pesquería. Además, sin estos planes de gestión a largo plazo la adaptación al Cambio Climático resulta inviable.
Celilia del Castillo Moro, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que «otro elemento que nos ha sorprendido por su ausencia es el cambio climático. No se menciona ni una vez en las 44 páginas del texto, en plena crisis climática que ya afecta a varias especies comerciales muy importantes para las pesquerías de nuestro país, como la caballa o la sardina».
Asimismo, las organizaciones ecologistas consideran necesaria la coherencia normativa de esta ley con la legislación ambiental, en lo que se refiere al fomento de espacios protegidos o la pesca incidental de especies amenazadas. «Insisten en llamar capturas accidentales a capturas de especies que no son casuales, y podrían evitarse, cuando organismos oficiales ya utilizan el término captura incidental ya que incidental significa “a consecuencia de” y no “fortuito”. Además, hace falta establecer un Plan Nacional Integral de Capturas Incidentales en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para erradicar la muerte innecesaria de miles de mamíferos marinos, tortugas, aves marinas o tiburones cada año», explica del Castillo Moro.
Participación y cooperación
El entendimiento, el consenso y los acuerdos, constituyen ejercicios esenciales para avanzar en el sentido de la sostenibilidad ampliamente entendida y abordar los retos globales a los que nos enfrentamos. Sin embargo, las organizaciones señalan que el Anteproyecto resulta vago y no establece los mecanismos participativos necesarios desde el plano nacional al local. Dichos mecanismos deberían asegurar que la política pesquera integra la participación del sector, las administraciones, la comunidad científica y las organizaciones ambientales, como lo hace por ejemplo la nueva Ley de Cambio Climático que establece una Asamblea de Participación Ciudadana.
Además, las organizaciones han echado de menos el fomento de la declaración de reservas marinas de interés pesquero cogestionadas. Estos modelos participativos de gestión han demostrado funcionar a largo plazo, no solo en términos de sostenibilidad sino también en términos económicos, puesto que las pesquerías bien gestionadas otorgan un valor añadido al producto que el consumidor está dispuesto a pagar. El Estado español es pionero en cogestión con ejemplos exitosos en Galicia, Catalunya y Asturias.
Cecilia del Castillo Moro ha concluído: «El diseño de planes de gestión de manera participativa fomenta la cultura de la toma de datos y la corresponsabilidad, y puede generar lazos de confianza entre sectores tradicionalmente enfrentados. La nueva ley de pesca debe promover la declaración de espacios de pesca cogestionados de manera sostenible, contribuyendo así con el objetivo establecido en la estrategia de Biodiversidad de la UE, de proteger el 30 % de nuestro medio marino para 2030».
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