La modificación de las normas urbanísticas de Madrid consolida un modelo de ciudad mercantilizado, invivible e insostenible

• La nueva normativa posibilita o legaliza la instalación de actividades impropias en zonas residenciales que alteran la convivencia, abre la puerta a la reducción de zonas verdes y arboladas privadas, autoriza la construcción de accesos rodados en zonas verdes públicas, elimina el control ambiental de usos y favorece la desprotección del patrimonio histórico.  
• Ecologistas en Acción considera que se ha perdido una oportunidad para hacer de Madrid una ciudad más verde y más habitable y anima a la nueva Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a que abandone la herencia de la anterior Área de Desarrollo Urbano.

Las normas urbanísticas son el conjunto de reglas que forman parte del plan general de ordenación urbana y sirven para regular la actividad urbanística en toda la ciudad. La normativa urbanística regula desde la altura máxima que pueden alcanzar los edificios, hasta la localización de dotaciones como zonas verdes, centros educativos,  asistenciales o, la compatibilidad de usos. Por ejemplo, si en los bajos de una edificio de viviendas se puede instalar una discoteca, cocinas industriales o, en la calle una terraza. Regular adecuadamente la compatibilidad de usos es uno de los aspectos más importantes para asegurar la adecuada calidad de vida de las personas que viven en la ciudad.

Si, el objetivo que guía al redactor de las normas es el interés general, buscará la forma para que la actividad económica se desarrolle de forma compatible con el bienestar ciudadano. Por el contrario, si el fin principal es favorecer el lucro privado, la norma buscará favorecer el beneficio por encima de la convivencia, incluso forzando situaciones claramente incompatibles. En opinión de Ecologistas en Acción, el Gobierno municipal y el Grupo Municipal Popular se han decantado por la segunda opción.

En primer lugar, en 2022, cuando la Junta de Gobierno aprobó inicialmente la modificación de las normas urbanísticas, la entonces Área de Desarrollo Urbano, dirigida por Mariano Fuentes, concejal de Ciudadanos, se negó a ampliar el plazo de información pública, solicitada por diversos colectivos, lo que supuso una merma en el derecho de participación. El plazo fue de 45 días, iniciándose en periodo estival y, dado la complejidad técnica de la materia fue claramente insuficiente. De hecho, esta organización solo pudo alegar a 24 de las 29 propuestas de modificación que incluía el documento de aprobación inicial, por falta de tiempo.

Una cuestión grave, a juicio de Ecologistas en Acción es que se utilicen las estructuras de gobierno y de representación del ayuntamiento para aprobar instrumentos normativos que vienen a legalizar actuaciones previas denunciadas. Es el caso de las nuevas “actuaciones temporales” que sustituyen a las “actuaciones provisionales” en vigor. Este cambio permitirá, por ejemplo la instalación de carpas para espectáculos en suelo urbano consolidado, enclavado en zonas residenciales, por periodos de hasta cuatro años, algo que la normativa vigente no permite. A pesar de no ser autorizable, la anterior Área de Gobierno de Desarrollo Urbano de Mariano Fuentes concedió licencia al espectáculo musical Espacio Ibercaja Delicias. Esa licencia está recurrida ante los juzgados contencioso-administrativos de Madrid. La nueva redacción legalizará la situación de este espectáculo, denunciado desde 2019 por el vecindario afectado por el ruido.

La regulación de las zonas verdes tanto privadas como públicas es objeto de importantes cambios. Aunque la redacción es confusa, parece que se pretende una drástica disminución de la obligación actual de ajardinar el 50% del espacio libre privado no ocupado por edificación sobre rasante de la parcela. Es decir, las zonas verdes y arboladas privadas podrán reducir sus superficie y sustituirse por fachadas o azoteas verdes o por pavimentos permeables, siempre que cumplan un nuevo parámetro que introduce la modificación y que se denomina “factor verde”.

En el caso de zonas verdes públicas se permitirse el acceso rodado a edificios, lo que supone la apertura de viarios a través de las zonas verdes  interfiriendo con los usos propios de zonas de descanso y  causa importantes impactos en la vegetación y fauna de la zona verde.  Ese acceso a edificios debería garantizarse mediante la necesaria red viaria.

La evaluación ambiental, previa a la implantación de usos en zonas residenciales desaparece. Los planes especiales de control urbanístico ambiental de usos, obligatorios, hasta a hora para implantar usos potencialmente impactantes en zonas residenciales, se eliminan y se sustituyen por los  estudio de repercusión por implantación de usos que no requieren la emisión previa de informes sectoriales y excluye la participación pública.

El patrimonio histórico es otro de los grandes perjudicados, la modificación de las normas urbanísticas hace valoraciones puramente formalista y superficiales proclive a preservar únicamente las fachadas como elementos decorativos y no como un todo histórico Las técnicas constructivas, los materiales, la estructura, la volumetría, la composición, la organización y distribución de un edificio –y hasta su uso y el “hecho cultural” ligado al mismo‐ también pueden ser valores a proteger. Esta tendencia a caer en el “fachadismo” y el “decorativismo” permite la demolición de edificios enteros manteniendo únicamente su envolvente o simplemente su fachada principal

En relación a las cocinas industriales o fantasmas (establecimientos que se dedican a elaborar comidas de pedidos para llevar a domicilio), aunque pasan a ser consideradas uso industrial, sigue permitiéndose su instalación en barrios residenciales y a pesar de las quejas. La limitación que se establece es que no se superen 8 cocinas y que las instalaciones deberán tener aparcamientos interiores para los repartidores. Pero estas medidas no eliminarán el problema de los olores y el constante tráfico por las calles residenciales.

Otra de los temas polémicos es el de los  apartamentos turísticos, si bien se consideran uso terciario, la redacción  es tan confusa que no queda clara si se mantendrán las limitaciones actuales en relación a la necesidad de que deban contar con entrada separada e independiente a la de los edificios en los que se localizan.

En definitiva, la nueva normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que aprobará el Pleno, viene a consolidar un modelo de ciudad mercantilizado, invivible e insostenible. Ecologistas en Acción considera que es una oportunidad pérdida y  anima a la nueva Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que rompa con la herencia de la anterior Área de Desarrollo Urbano y trabaje por una ciudad más verde y habitable.

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