La ordenación territorial supramunicipal es absolutamente necesaria, pues la mayoría de las veces los problemas territoriales tienen un ámbito superior al municipal. Es una asignatura pendiente en el País Valenciano, pues son muy pocos los planes de esa naturaleza aprobados.
Paraje Lo Ferris en Torrevieja
Es el caso del territorio de la Vega Baja del Segura, con una extensión de casi 1.000 km² que comprende 27 municipios del sur del País Valenciano, cuyo desarrollo urbanístico en los últimos 20 años ha sido disparatado, especialmente en su franja litoral (Orihuela, Torrevieja, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada), con graves impactos ambientales, por la antropización excesiva y sobre la biodiversidad.
Ese crecimiento urbanístico, de los mayores de todo el País Valenciano, ha supuesto la ocupación de terrenos con grandes valores ambientales, muchas veces en las proximidades de los Espacios Naturales Protegidos, a los que se ha sometido a un verdadero acorralamiento y cerco. Especial relevancia tiene el territorio de la Huerta Histórica del Segura, asociada al regadío con aguas del Río Segura, uno de los paisajes emblemáticos del País Valenciano, que ha sido urbanizado en muchas ocasiones.
Ante el crecimiento desorbitado del suelo urbanizado en la Vega Baja en los últimos 20 años, que se ha más que duplicado, pues se ha pasado de casi 6.000 hectáreas (5.991 ha) a 11.537 ha, un aumento del 93 %, es necesario poner una pausa en ese crecimiento, dado los impactos territoriales y ambientales asociados.
11 municipios de los 27 han más que duplicado el suelo urbanizado en los últimos 20 años, con el récord en San Fulgencio que ha multiplicado por 12,6 esa superficie. A la zaga encontramos a Algorfa (4,7 veces), Los Montesinos (2,51), Daya Nueva (2,45), Orihuela (2,43), San Miguel de Salinas (2,36), Rojales (2,23), Daya Vieja (2,23), Dolores (2,21), Pilar de la Horadada (2,16) y Guardamar del Segura (2,09). Torrevieja, que ha agotado prácticamente su suelo urbanizable, explora el crecimiento en altura con varios proyectos de grandes rascacielos.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana aprobada en 2011 no ha servido para limitar de forma racional ese crecimiento en los últimos 10 años y no tenemos ninguna confianza en que pueda servir en un futuro para esa finalidad, sin una modificación sustancial de sus determinaciones.
Esta propuesta de Plan de Accíón Territorial (PAT) establece una desclasificación de 23 sectores de suelo urbanizable, manifiestamente insostenibles y contrarios al modelo territorial propuesto en el PAT, que se integrarían en la Infraestructura Verde, que suman 814 hectáreas. Hemos de felicitar a la Conselleria de Política Territorial por esta iniciativa. Además se propone incluir en un régimen transitorio 12 sectores con 521 hectáreas, que se integrarían en la Infraestructura Verde de forma condicionada.
El Plan de Acción Territorial de la Vega Baja del Segura ha sido sometido a información pública durante varias semanas. Ecologistas en Acción ha presentado varias alegaciones. En una de ellas se propone establecer una moratoria de 10 años para nuevos desarrollos urbanísticos residenciales en los municipios que en el periodo 2000-2020 hayan aumentado en más del 100 % la superficie urbana y urbanizada. Igualmente en los municipios que tengan bolsas de suelo urbanizable superiores a las 100 hectáreas sin desarrollo urbanístico.
Ecologistas en Acción propone que los 7 sectores situados en áreas frágiles del litoral sean clasificados por el PAT como suelo no urbanizable, pasen directamente a integrarse en la infraestructura verde del Plan. Especialmente el sector de “Cala Mosca” (Alameda del Mar), el único espacio aún libre en el litoral de Orihuela, ventana privilegiada al mar que aún permanece en situación de suelo básico rural, pese a la apertura de viarios en su interior, que el PAT permite que pueda urbanizarse, con las únicas restricciones que en parte del sector establece el vigente PATIVEL a través de su régimen transitorio.
En las alegaciones se propone el impulso de la agricultura ecológica y una moratoria para la implantación de macrogranjas, dada la situación de contaminación por nitratos de la cuatro masas de agua subterráneas presentes en ese territorio.
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