No se encuentran en información pública los informes del IGME, la CHD, la Junta y el Ayuntamiento de San Justo de la Vega, y la legislación ambiental obliga a publicar el expediente completo.
Ecologistas en Acción de León ha presentado las primeras alegaciones, en el trámite de consultas a las personas interesadas, pidiendo que se abandone el proyecto por considerarlo incompatible con la protección de las aguas superficiales y subterráneas. Subsidiariamente ha solicitado:
- Que se paralice la tramitación del procedimiento hasta que se complete la documentación del expediente y comprenda:
- Los informes del IGME
- El informe sobre riesgo de inundaciones requerido al promotor por el IGME
- Los informe que haya emitido la CHD.
- Los informes de la Junta de Castilla y León.
- Los informes del Ayuntamiento de San Justo de la Vega y/o del SAM de la Diputación de León.
- Que se abra un nuevo periodo de información pública del expediente completo, con un anuncio oficial que describa adecuadamente el alcance del proyecto ya que, el anuncio publicado en el BOCYL el 24 de julio 2023, no menciona la gestión de los residuos peligrosos.
- Que se tenga en consideración, por el Órgano ambiental, el informe sobre la idoneidad hidrológica e hidrogeológica de la zona, realizado en 1999 por el CISC.
Este informe del CSIC concluía desaconsejando la ubicación del CTR en San Justo de la Vega y afirmando que “el emplazamiento no ha sido convenientemente evaluado en cuanto a su situación hidrológica, hidrogeológica, geológica, geomorfológica y geotécnica”. Ahora, en la misma zona y con las mismas carencias, se proyecta la construcción de 3 grandes vertederos con capacidad para 6 millones de toneladas de residuos industriales, incluso peligrosos, lo cual nos parece una negligencia temeraria.
También se actúa con negligencia poniendo a disposición del público un expediente incompleto, en el que no se encuentran los informes emitidos por las administraciones implicadas y por organismos públicos de investigación. Además, el promotor no ha realizado ensayos de permeabilidad del terreno, y no ha aportado el estudio sobre riesgo de inundaciones requerido por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Sin estos estudios, no se puede garantizar que la barrera artificial de 0,5 m de espesor, que se proyecta para los tres vertederos (incluso para el vertedero de RIPs), cumpla con las exigencias del RD 646/2020, que obliga a suplementar con barreras artificiales de más de 5 metros de espesor, la base y los lados de los vertederos de residuos industriales peligrosos cuando no exista barrera geológica natural, y el terreno no reúna las condiciones de permeabilidad necesarias para impedir la contaminación por lixiviados del suelo y las aguas superficiales y subterráneas.
Recordamos que la autorización que llegara a otorgarse habiendo sometido a información pública el expediente incompleto, podría incurrir en nulidad de pleno derecho.
La entrada Piden la paralización del macrovertedero de residuos industriales y peligrosos de San Justo de La Vega aparece primero en Ecologistas en Acción.
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