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No a la renovación del permiso concedido A FCC para la planta de Residuos de El Campello

Planta de residuos Les Canyades-El Campello.

El pasado mes de febrero ha sido aceptado a trámite por el Tribunal Superior de Justicia el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción del País Valencià contra el proyecto de remodelación de la planta de tratamiento de residuos urbanos y vertedero de rechazos, en la partida les Canyades (El Campello, Alicante)

Todo empezó la primavera pasada. En abril del 2020, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental publicó una resolución por la que se modificó no sustancialmente la autorización ambiental integrada (AAI) de la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente S.A., que ampara la remodelación de la ineficiente planta de tratamiento de residuos urbanos, en la partida de Les Canyades, con un presupuesto de 20 millones de euros, otorgada a esa corporación sin ninguna licitación o concurso público previo por parte del Consorcio de Residuos Mare. En mayo, Ecologistas en Acción del País Valencià interpuso un recurso de alzada contra la resolución en cuestión, ya que no era todavía firme, por incumplir la normativa vigente en múltiples aspectos.

Al no recibir contestación por parte de la Consellería, nos quejamos formalmente ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) en octubre. Finalmente, recibimos una extensa respuesta según la cual se aceptaron algunas de nuestras alegaciones menores y se modificó esa resolución de abril. Ante la no estimación de los argumentos más importantes no nos quedaba otro remedio que interponer un recurso contencioso-administrativo, acción que llevamos a cabo en noviembre. Dicho recurso acaba, por fin, de ser admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Se trata sin duda de una buena noticia: la admisión a trámite del recurso constituye un paso más en la lucha contra este proyecto contaminante, que no podemos aceptar para El Campello. Pero la lucha no acaba aquí y debe continuar, por las razones que expusimos en su día en el mentado recurso de alzada. Recordémoslas brevemente.

Ya desde un punto de vista urbanístico, el proyecto choca con el planeamiento urbanístico vigente en El Campello, puesto que las instalaciones existentes y la ampliación prevista incluyen suelos no urbanizables protegidos, que además tienen un riesgo de inundación con peligrosidad geomorfológica. El PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Riesgo de Inundaciones) prohíbe expresamente la ubicación de actividades industriales y de depósito de residuos en suelos no urbanizables con ese riesgo geomorfológico.

Además, el proyecto incumple con las normativas recientes, a nivel autonómico, estatal y europeo, en materia de gestión de residuos. Pero entremos en detalles.

La AAI no describe las mejores técnicas disponibles (MTD) utilizadas en la instalación, ni ha tenido en cuenta el documento de conclusiones sobre las MTD aprobado por la Comisión Europea en 2018. Tampoco indica cuales son los valores límites de emisión (VLE) vigentes a partir del 17 de abril del 2020, cuando resulta imprescindible determinar y dar a conocer este dato, tratándose de una planta de tratamiento de residuos. Además, no hay garantía por parte de la empresa de que esta pueda comercializar la cantidad de Combustible Derivados de Residuos (CDR) generado en la instalación, que se quemará en cementeras, por lo que cabe la posibilidad de que acaben depositados en el vertedero. Por otra parte, el proceso de maduración del compost no está explícitamente contemplado la AAI: no se especifican ni tiempos ni espacios acotados, ni se indica qué se prevé hacer con el compost contaminado con metales pesados. Lo más probable es que la mayor parte de los residuos entrantes en la planta acaben en el vertedero, como así ha sucedido desde su inauguración, que está a punto de colmatarse, acabando su vida útil 10 años antes de lo inicialmente proyectado en 2009.

De hecho, el método actual de compostaje genera malos olores, que han sido motivo de queja de varios centenares de vecinos, aspecto que el AAI infravalora de forma muy clara. Dado que no toda la materia orgánica se tratará en los biorreactores y que parte de ella seguirá maltratándose como ahora, es evidente que las modificaciones de la AAI no servirán para eliminar las graves afecciones a los vecinos, que soportan los malos olores desde hace más de 10 años, y que está afectando gravemente a su salud y bienestar.

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