Desde el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción asistimos asombrados en los medios de comunicación a cómo el Ayuntamiento de La Oliva ha metido el tractor en las dunas de Corralejo y ha realizado obras en este espacio sin contar con permiso de Costas.
Tras solicitar este colectivo el 27 de abril, por registro de entrada en el ayuntamiento, el expediente de la actuación, el 29 de abril la propia Demarcación de Costas realizó una inspección y emitió un informe que constata, literalmente, como «se han instalado postes para delimitar unas serie de canchas de vóley y fútbol playa. Ha aumentado lo anteriormente instalado hasta una ocupación de una superficie aproximada de 3.000 m², con el consiguiente movimiento de tierras y destrozo de parte de la vegetación dunar».
En el mismo escrito, bajo amenaza de iniciar expediente sancionador, Costas le pide al ayuntamiento que presente la documentación que justifique estas obras. Pero no las puede aportar, porque precisamente es Costas quien debería autorizar este tipo de actuaciones en suelo de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). Si Costas desconocía está actuación, es imposible que el ayuntamiento tuviera los permisos.
Para Turcon, es indignante comprobar cómo la alcaldesa y sus socios aparecen en un vídeo, a plena luz del día, enseñando sin ningún tipo de vergüenza cómo el tractor destruye una amplia enorme superficie de las Dunas de Corralejo, y hablando sin tapujos de unas obras para las que, a tenor de lo visto, todo indica que no cuentan con los permisos necesarios. Por si esto fuera poco, se permiten el lujo de mentir, respondiendo el Concejal de Deportes a una pregunta en el pleno de mayo que sí tenían los permisos para hacer las obras.
La zona que han destrozado no sólo tiene valores paisajísticos únicos, sino que está en suelo de DPMT, dentro de zonas ZEC, suelos de Especial Conservación, Zona ZEPA (Especial Protección para las A), suelos de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera, y es área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies amenazadas de la avifauna.
Infracción grave
Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se considera infracción grave «la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre», que es precisamente lo que ha hecho el ayuntamiento.
Además, si la Administración considera, en este caso la Demarcación de Costas, que la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el órgano administrativo debe dar traslado al Ministerio Fiscal para que actúe en consecuencia.
Por todo lo expuesto, exigimos al Ayuntamiento de La Oliva que explique a qué empresa se ha adjudicado las obras y por qué importe, si cuenta o no con proyecto e informes técnicos favorables, y que muestre los permisos para hacer estas obras. Como no los tiene casi con total seguridad, exigimos que se retiren las instalaciones y se restituyan las dunas a su estado original.
Responsabilidades
E independientemente de la reparación del daño, instamos a la Demarcación de Costas de Canarias a continuar con el expediente sancionador, y que dé traslado de estos hechos a la Fiscalía, para determinar quiénes son responsables de este vergonzoso atentado.
Desde los colectivos ecologistas llevamos décadas luchando contra la depredación del territorio y la destrucción medioambiental de Fuerteventura, siendo el máximo exponente de estas prácticas el conocido como Marqués de las Dunas. Ahora vemos como su hija es digna sucesora, y tras sólo un año como alcaldesa, desgraciadamente está demostrando que va a seguir los pasos de su padre.
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