- La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, se ha sumado a la manifestación “Fora Bolsonaro” convocada por colectivos brasileños de Madrid.
- La movilización se enmarca en una protesta mundial, con más de 300 actos, contra el Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y sus políticas ecocidas, genocidas, racistas y negacionistas de la Covid-19 para pedir su salida.
- Los colectivos denuncian la complicidad del Gobierno español y de la Unión Europea en la violación de derechos humanos y destrucción de ecosistemas clave a través del Acuerdo comercial UE-Mercosur.
Hoy, 19 de junio de 2021, el grito global “Fora Bolsonaro” ha recorrido las calles de diferentes países a ambos lados del Atlántico a través de más de 300 actos. La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, se ha sumado a la movilización convocada en Madrid por la Asociación brasileña Maloka, el Coletivo pelos direitos no Brasil-Madrid y la Asociación de Mujeres Emprendedoras Brasil-España, en apoyo al pueblo brasileño.
Con esta manifestación, que ha recorrido el centro de la capital desde Cibeles a la Puerta del Sol, los colectivos han denunciado las políticas ecocidas, genocidas, racistas y negacionistas de la Covid-19 impulsadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro desde su llegada a la presidencia brasileña en enero de 2018, y han pedido su salida inmediata.
El pasado mes de mayo, solo en los primeros 28 días, las alertas de deforestación en la Amazonía brasileña alcanzaron 1.180 km2, un aumento del 41 % con respecto al mismo mes en 2020. Un dato muy preocupante, más si se tiene en cuenta que el mes de mayo marca el inicio de la estación seca, cuando la tala y los incendios se aceleran en gran parte de la región amazónica. Según el último informe de Global Forest Watch, Brasil lidera la pérdida de bosque primario a nivel mundial, con un aumento del 25 % en 2020 en relación al año anterior. Mientras tanto, el presupuesto para la protección medioambiental es el más bajo de los últimos 20 años.
Los colectivos brasileños -en Brasil y en España- denuncian que el Gobierno de Bolsonaro está aprovechando la pandemia para desmantelar los sistemas de preservación ambiental y para aprobar leyes contrarias a los intereses y al bienestar de los pueblos originarios. Desde hace una semana más de setenta líderes indígenas están acampando en Brasilia -capital federal del país- para pedir la interrupción inmediata de cualquier medida anti-indígena que atente contra sus derechos. La movilización, que ya ha sido reprimida, coincide con la revisión y discusión en el Congreso brasileño del Proyecto de Ley 490/2007, que permitiría la anulación de las demarcaciones de tierras indígenas y que el Gobierno tome posesión de estos territorios para su apertura a actividades extractivas, como la agroindustria o la minería. Otra de las propuestas legislativas que hay sobre la mesa, podría suponer el abandono del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el único tratado internacional ratificado por Brasil que aborda de manera específica y completa los derechos de los pueblos indígenas.
La política de odio y violencia impulsada por la administración Bolsonaro queda reflejada en las 32 personas que fueron asesinadas en 2019 por defender sus territorios. Una situación a la que hay que sumar la deficiente respuesta de un Gobierno al que se le puede calificar de negacionista ante la crisis sanitaria generada por la Covid-19. Más de 1000 personas indígenas han fallecido por falta de asistencia sanitaria de calidad. La mayoría de los contagios se han producido a través de las invasiones ilegales de mineros y comerciantes, que además de esquilmar la selva transmiten el virus a las poblaciones locales mientras el gobierno brasileño mira a otro lado.
Brasil se sitúa como uno de los países que peor ha gestionado la pandemia y hoy se enfrenta al colapso de su sistema de salud, además de a una crisis económica sin precedentes, con alrededor de 13,5 millones de personas desempleadas. El presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la enfermedad, incluso refiriéndose a ella como una «gripecita». A día de hoy, el país tiene casi medio millón de muertes por Covid-19, siendo las mujeres negras y los pueblos indígenas los más afectados.
Además, los colectivos brasileños denuncian el racismo institucional y estructural en el país. Según los datos del Monitor de la Violencia de Brasil, en 2020 el 75,7 % de los homicidios los sufrieron personas negras. Otras minorías, como el colectivo LGBTIQ+, también están siendo perseguidos con discursos de odio y violencia, que han ido en aumento desde la llegada de Bolsonaro al país.
La complicidad del Gobierno español y la Unión Europea en la legitimación de estas políticas se hace visible a través del Acuerdo comercial UE-Mercosur. Un acuerdo que supondrá más deforestación de ecosistemas clave y más violaciones de derechos humanos, al que el Gobierno español no ha dudado ni un segundo en apoyar. Hace un mes, la ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya tendía la mano a Bolsonaro en un intento de salvar el Acuerdo, pasando por alto su estrategia de acción exterior verde, justa y feminista y desoyendo a las más de 450 organizaciones en todo el mundo que piden que no se ratifique.
Las entidades organizadoras de la manifestación afirman que la necropolítica del gobierno de Jair Bolsonaro es la responsable de la situación de violencia y muerte que asola el país, y resaltan la importancia que juega la sociedad civil, brasileña e internacional, en la defensa de la vida, de los derechos humanos y de la Tierra.
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