El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz (PSOE), promete a los vecinos de Atlanterra que va a solucionar definitivamente el problema del abastecimiento de agua a esta urbanización con la integración del municipio de Tarifa en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana (CAZG), lo que está expresamente vetado en la Ley del Trasvase Guadiaro-Majaceite.
Esta maniobra del alcalde pretende desactivar el malestar existente entre los vecinos de Atlanterra por el proyecto de construcción de una enorme urbanización con campo de golf colindante con la ya existente. Cuando se aprobó esta macrourbanización en 2009, tanto Ayuntamiento de Tarifa como la Junta de Andalucía aseguraron que existían suficientes recursos de agua en la cuenca del Barbate para abastecerla.
El informe de la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Junta de Andalucía, aseguraba literalmente que “El consumo previsto es de 502.970 m3. Cumple con el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate, habiendo garantías de suficiencia de recursos, dado que la procedencia del agua suministrada es como promedio en el 50% de manantiales propios de Tarifa y por otra parte del embalse de Almodóvar”. Lo que era evidentemente falso. Si existen recursos suficientes para esta nueva urbanización, ¿por qué sufre restricciones la ya existente?, y ¿por qué se pretende conectar Tarifa con la Zona de Abastecimiento Gaditana?
El proyecto del Ayuntamiento de Tarifa de conectar Atlanterra con la Zona de Abastecimiento Gaditana, trayendo agua desde el pantano de Los Hurones, es la muestra de que se falsearon los informes para permitir la aprobación de esta macrourbanización; y lo mismo se pretende hacer ahora, eludir la ley que impide que Tarifa se integre en el CAZG.
En la Ley 17/1995 de transferencia de volúmenes de agua de la cuenca del Guadiaro a la cuenca del Guadalete se condicionó este trasvase a que sólo se abastecería a los municipios incorporados entonces a la Zona de Abastecimiento Gaditana, entre los que no están ni Vejer, ni Barbate, ni Tarifa. Conectar a estos municipios vulneraría el art. 1 de esta Ley, y Ecologistas en Acción lo recurriría ante los tribunales. El trasvase era únicamente para enjugar el déficit existente en las 15 poblaciones integradas en el CAZG, que son: Algar, Cádiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Jédula (Arcos), Jerez, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, Sanlúcar y Trebujena. Por tanto, no puede ampliarse a nuevas poblaciones, y menos tan alejadas de la cuenca del Guadalete, lo que significaría un nuevo trasvase encubierto que terminaría generando déficit y restricciones en esos 15 municipios.
Ecologistas en Acción ha solicitado al CAZG que certifique qué ayuntamientos lo integran. Si aparece Tarifa o algún otro no especificado en la mencionada Ley, lo recurriremos ante los tribunales.
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