Hace más de una década, al menos 55 ejemplares de fauna murieron envenenadas y tiroteadas en un coto de caza, entre ellas, especies catalogadas en peligro de extinción, como un águila imperial y cuatro milanos reales.
El martes 18 de enero se celebra el juicio en Toledo contra la única persona imputada actualmente por el caso de envenenamiento masivo de aves rapaces ocurrido en un coto de caza dedicado al aprovechamiento de liebres con galgo en el término de Gerindote (Toledo). Los hechos ocurrieron a lo largo de varias semanas en 2011 en la finca “La Casa Nueva”, donde los agentes medioambientales y del SEPRONA localizaron 60 cadáveres de fauna envenenada o tiroteada –la gran mayoría aves rapaces–, entre ellas, un águila imperial ibérica y seis milanos reales, especies catalogadas en peligro de extinción. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular en este procedimiento, cuya vista se celebra 11 años después de producirse los hechos.
El envenenamiento más grave de rapaces en Castilla-La Mancha dio lugar a la suspensión cautelar de la actividad cinegética en el coto por parte de la administración de medio ambiente provincial. No obstante, la suspensión se mantuvo apenas unos días, volviéndose a permitir casi de inmediato para la celebración de una competición de caza con galgos, suponiendo un riesgo para la recuperación de las poblaciones de aves rapaces de la zona.
Once años después de los hechos, dos de los tres imputados inicialmente ya han fallecido. El único encausado al que se podrá juzgar ahora, y que actuaba como guarda del coto, había sido acusado anteriormente por un caso de envenenamiento y caza de rapaces con búho en la misma finca. La finca, en el momento de los hechos, estaba dedicada a la caza de liebres en aprovechamiento comercial y en la misma se celebraban campeonatos regularmente.
En este caso de envenenamiento masivo están personadas como acusación las entidades Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España, que han conseguido mantener vivo el procedimiento a lo largo de una década, pese a los recursos de los acusados, la petición de archivo de la Fiscalía de Toledo y la lentitud en la tramitación del procedimiento en sede judicial. El juzgado, a petición de la acusación de las ONG, decidió imponer una fianza solidaria a los tres acusados de 168.000 € por la responsabilidad civil por los daños causados a los ejemplares.
Según los datos de WWF y SEO /BirdLife, Toledo es la provincia que encabeza el número de envenenamientos de águila Imperial ibérica en la última década y la cuarta en número de envenenamientos en el caso del buitre negro. Para esta última especie el ranking lo encabeza Ciudad Real que además es la segunda en intoxicaciones de águila imperial. Ello evidencia que Castilla–La Mancha sigue siendo una comunidad en la que la disposición de medios y aplicación de medidas contra el uso ilegal de veneno es clave para la conservación de estas especies, dada la afección que sufren por la utilización de este método ilegal de caza masivo y no selectivo. Para las ONG, es urgente que la Consejería competente preste una atención mucho mayor a la erradicación del problema y solicitan la aprobación de la revisión del plan regional sobre esta materia, la creación de una patrulla canina especializada en la detección de veneno en la provincia de Toledo y la consolidación de una Unidad de Investigación de Veneno (UNIVE) en toda la comunidad autónoma.
Información adicional
Mucho más reciente (octubre de 2020) es el caso de envenenamiento en el término toledano de Calera y Chozas, directamente relacionado también con la caza de liebres y donde se encontraron envenenados dos buitres negros, dos buitres leonados, 3 aguiluchos laguneros y otras especies de fauna silvestre y doméstica, así como numerosos cebos envenenados. A pesar de la solicitud de información acerca de este caso, y de la petición de WWF de ser considerada parte interesada en el expediente el pasado mes de julio de 2021, la administración de medio ambiente de Toledo no ha dado respuesta a estas peticiones ni ha tomado ninguna medida cautelar, como la suspensión de la caza.
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