La Ley Ómnibus sigue adelante a pesar de la oposición de los colectivos sociales y sindicales

PP y Vox rechazan las enmiendas a la totalidad presentadas esta mañana por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid.
Mientras las y los diputados debatían las enmiendas, la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus, formada por más de 50 organizaciones sociales y sindicales, ha celebrado una concentración en el exterior del Parlamento regional.
Sus portavoces han criticado la falta de consenso y participación ciudadana con la que se está tramitando una ley “que puede hipotecar durante décadas la vida en la región, al abrir la puerta a nuevas privatizaciones de los servicios públicos, uberizar aún más el transporte y anular parte de la protección del suelo y del medio natural”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa adelante con el proceso de aprobación de la polémica Ley Ómnibus, ignorando el parecer de la oposición política y de las organizaciones sociales y sindicales de la región. El Partido Popular y Vox han rechazado hoy en la Asamblea de Madrid las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid presentadas por los grupos Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos. Una muy mala noticia para la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus, que ha celebrado una concentración en el exterior de la cámara autonómica mientras los diputados y diputadas, reunidos en pleno, debatían las enmiendas.

Durante la protesta, sus portavoces, en representación de las más de cincuenta organizaciones que forman parte de la plataforma, han criticado que la Comunidad de Madrid no haya tenido en cuenta hasta el momento las 600 alegaciones que presentaron en enero ni las más de 51.000 firmas contra el proyecto de ley que registraron poco después. «A pesar de su enorme importancia, pues modificará 33 leyes y 5 decretos vigentes, además de incluir 15 nuevas normas, la Ley Ómnibus se está tramitando sin consenso alguno, sin participación ciudadana y con unas prisas incomprensibles, por eso pedimos su paralización”, indicaron ante el Parlamento autonómico. “No podemos permitir que el proyecto de Ayuso se apruebe tal y como está redactado, ya que puede hipotecar durante décadas la vida en la región, al abrir la puerta a nuevas privatizaciones de los servicios públicos, uberizar aún más el transporte y anular parte de la protección del suelo y del medio natural”, añadieron .

Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad de la nueva norma de hoy, la Asamblea de Madrid deberá debatir las enmiendas parciales, un paso previo a su votación y aprobación definitiva, algo que se puede producir en las próximas semanas. Ante esta perspectiva, la plataforma, que está conformada por asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio, ya se ha puesto en contacto con los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas a la totalidad para estudiar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Tal y como han recordado sus representantes durante la concentración, la Ley Ómnibus es una vuelta de tuerca más contra los derechos ciudadanos, y supone un claro deterioro de los servicios públicos y de los bienes comunes de la región. Así, establece la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, opaca y sin control ciudadano (idónea para nuevos casos de corrupción, ya que puede estar participada y financiada por empresas privadas) y en el ámbito del transporte público ahonda en el proceso de desregulación y precarización del Servicio Público del taxi, apuntalando un modelo depredador y uberizador que solo favorece a un grupo de empresas y no beneficia ni a sus profesionales ni a la ciudadanía.

En urbanismo promueve la transformación especulativa y la privatización del territorio madrileño permitiendo que los Proyectos de Alcance Regional (como lo era el polémico Eurovegas) se puedan construir en cualquier clase de suelo, sea cual sea su grado de protección. Además, suaviza los requisitos para la modificación de las normas de construcción en pueblos y ciudades.

Por otro lado, la Ley Ómnibus consolida la posibilidad de que las promotoras no tengan que ceder suelo a los ayuntamientos, dándoles la opción de pagar a cambio una cantidad monetaria. Esto eliminará la obligación de ceder suelo público para la construcción de dotaciones como viviendas sociales, zonas verdes, zonas deportivas, servicios sanitarios o centros educativos. Además, excluye la red de viviendas públicas de integración social como uso posible de los suelos cedidos a los ayuntamientos y apuesta decididamente por un modelo de construcción de vivienda protegida privatizada.

En medio ambiente, supone un retroceso en la conservación de los valores naturales al reducir la protección de las especies vegetales de flora silvestre, así como del arbolado que no sea de especies estrictamente protegidas, y reduce la protección de los montes públicos y espacios protegidos, al permitir usos y actividades (como la caza, la construcción y negocios hosteleros) en zonas hasta ahora incompatibles por su alto valor ambiental.