- El 21 de junio el Congreso de los Diputados se posicionará ante la reforma de la ley de minas española. Una reforma impulsada por Unidas Podemos, de cuyo texto es artífice Ecologistas en Acción.
- La organización ecologista insta a las fuerzas políticas a apoyar esta reforma para actualizar la ley franquista y a fomentar la minería urbana como fuente alternativa a la extracción.
La actual ley de minas española es una herencia de la dictadura franquista. Una ley redactada en 1973 con el afán de fomentar las actividades extractivas sin tener en cuenta el debido cuidado del medio ambiente.
«A pesar de la adhesión de España a la Unión Europea no se han adoptado hasta ahora modificaciones que armonizaran esta ley con las normativas comunitarias de protección ambiental», subraya Cristóbal López Pazo, coordinador del área de minería de Ecologistas en Acción.
La modificación de la ley, promovida por esta organización ecologista, incorpora a la normativa vigente los principios comunitarios de protección ambiental, como son los principios de cautela, prevención o la corrección de los atentados al medio ambiente. Además se adecúan las vías de participación pública para facilitar la acción popular contra actividades que pueden tener efectos adversos sobre el medio ambiente. Para completar la participación pública se prevé la creación de un órgano consultivo provincial que la fomente.
Ecologistas en Acción denuncia que, en la actual ley, el régimen de otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones es ajeno a la concurrencia de otras competencias y valores que hoy no solo son importantes, sino que pueden tener y tienen prioridad sobre las actividades extractivas. Así, cuando se apruebe esta reforma, se consideran excluidos de actividad minera los terrenos que integran la Red Natura 2000, las reservas naturales fluviales y las cuencas de vertido de punto de captación de agua potable y aquellos otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas. La reforma va también aparejada para el agua mineral embotellada, dejará de ser un recurso minero y pasará a ser dominio público hidráulico, y por tanto, regulada su explotación por la Ley de Aguas.
Con la reforma se pretende asegurar la conservación de los ecosistemas mediante el desarrollo sostenible del medio natural y rural, la gestión forestal sostenible, su restauración ecológica cuando sea necesario, y de otras actuaciones dirigidas a revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos.
En la nueva ley se incorporan una serie de medidas para integrar la tramitación de los permisos, concesiones y autorizaciones con las de los planes de restauración, los planes de desmantelamiento y abandono; los proyectos de las actividades e instalaciones complementarias para el tratamiento de lo extraído. También se establecen informes preceptivos, previos y vinculantes de aquellas autoridades con competencias que pueden tener un carácter prevalente.
Ecologistas en Acción señala la minería urbana o de vertedero como la alternativa a la minería extractiva y está llevando a cabo una ronda de reuniones con fuerzas políticas y distintos organismos de la administración estatal y autonómicas para presentar su informe sobre el estado del reciclaje de metales. La organización ecologista pretende así poner en la agenda política la necesidad de potenciar la minería urbana, ya que apenas se reciclan la mayoría de los metales denominados críticos para el desarrollo de la transición energética.
«La sociedad no se puede permitir el coste ambiental que implica abrir nuevas explotaciones mineras cuando metales como el cobre o el oro contenida en el stock nacional de baterías, vehículos y aparatos eléctricos supera a la demanda estatal prevista para la fabricación de las tecnologías de transición», destacan desde la organización ecologista.
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