- España se convierte en el primer país que pide públicamente a la Unión Europea que abandone el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) por la amenaza que supone para las políticas climáticas.
- El anuncio se ha efectuado en la recta final del proceso de modernización del Tratado, que culmina el viernes 24 de junio en Bruselas.
- La lucha de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión y las principales organizaciones ambientales (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) ha sido clave a la hora de visibilizar los peligros del Tratado y apostar por la salida.
- La sociedad civil celebra este paso necesario para el abandono de los combustibles fósiles y espera acciones inmediatas en la semana decisiva para el futuro de este Tratado.
Ayer, martes 21 de junio de 2022, la Vicepresidenta segunda del Gobierno para la Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pidió de forma pública, y por primera vez, que la Unión Europea (UE) abandone conjuntamente el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo cada vez más controvertido del que España forma parte junto a otros 52 países de Europa y Asia. Lo comunicó Politico ayer por la tarde.
Esta petición se ha producido a tan solo tres días de que los países signatarios se reúnan en una Conferencia extraordinaria en Bruselas. Un encuentro que pretende ser el broche final del proceso de modernización del Tratado, iniciado hace más de cuatro años con el supuesto objetivo de alinearlo con el Acuerdo de París.
Este viernes 24 de junio, la Secretaría del TCE y otros países signatarios buscan alcanzar un “acuerdo modernizado”. Pero el anuncio de Teresa Ribera podría truncar estos planes e influenciar a otros países de la UE como Francia, Alemania, Polonia o Grecia a que sigan sus pasos, inclinando la balanza definitivamente a favor de la salida.
La Ministra ha expresado claramente que “después de 14 rondas de negociaciones sin avances sustanciales, está claro que el proceso de modernización no garantizará la alineación del TCE con el Acuerdo de París y los objetivos del Pacto Verde Europeo» y que «en un momento en el que acelerar una transición energética limpia es más urgente que nunca, es hora de que la UE y sus Estados miembro inicien una retirada coordinada del TCE».
Esta es una demanda que las organizaciones de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión junto con las principales organizaciones ecologistas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— llevan más de dos años pidiendo. Apuntan que, en el mejor de los casos, las inversiones existentes en combustibles fósiles seguirán protegidas hasta 2030 e incluso hasta 2040, en el caso de algunas infraestructuras gasistas.
“Esta propuesta es absolutamente inaceptable porque compromete el futuro del clima a nivel global”, ha calificado Clàudia Custodio, portavoz de Ecologistas en Acción. “Como por fin ha reconocido la Ministra, la salida es el único camino y esperamos que este viernes la Comisión sea consecuente y actúe a favor de la ciudadanía y no de los intereses fósiles”, ha añadido. La Comisión, que dirige las conversaciones sobre el acuerdo, tendrá que dejar clara la posición de Europa antes del fin de semana.
Por otro lado, el mismo día de la declaración de la Ministra, cinco jóvenes víctimas de desastres climáticos de distintas partes del mundo han demandado a 12 países europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aluden que el TCE obstaculiza la acción climática y compromete su futuro. Los países en cuestión son Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Hasta la fecha, existen 145 demandas conocidas contra los países miembro del TCE, muchas de ellas a raíz de medidas que los gobiernos han impulsado para favorecer la transición energética. Concretamente, solo cinco compañías energéticas (Rockhopper, Ascent Resources, RWE, Uniper, y Prairie Mining) están reclamando 4.000 millones de euros a cuatro países (Italia, Eslovenia, Países Bajos y Rumanía) por sus medidas de descarbonización.
Por su parte, España es el país más demandado debido a los recortes a los subsidios de energías renovables entre 2009 y 2011, y acumula 53 demandas y una cantidad reclamada de más de 10.000 millones de euros. Ecologistas en Acción advierte que, en un momento en el que el despliegue de las renovables está causando graves impactos ambientales y sociales por su falta de planificación, “legislar para que se realice de forma adecuada, planificada y zonificada será muy complicado bajo el TCE”.
Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro de la campaña contra el Tratado de la Carta de la Energía, ha apuntado: «Hasta ahora ningún país se había atrevido a dar un paso en esta dirección. Celebramos el anuncio de la Ministra ya que puede ser el inicio del fin de un tratado obsoleto que se ha vuelto un lastre para las políticas climáticas, el bienestar de la ciudadanía y las arcas públicas”.
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