- Ben Magec-Ecologistas en Accion presenta un informe jurídico en el que señala a la Ley de Aguas de Canarias como inconstitucional y de no haber sido una norma jurídica eficaz para frenar la sobreexplotación de los acuiferos. A su vez plantea una serie de propuestas legislativas y de funcionamiento con el fin de conseguir una gestión más ambiental y social del agua en Canarias.
- La federación ecologista canaria, lamenta el actual estado de sobreexplotación de los acuiferos insulares y alerta de un colapso hídrico en el archipielago si no se toman medidas legislativas que garanticen el control publico y la gestion sostenible del agua.
Un estudio jurídico presentado por la federación ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción y el Area de Aguas de Ecologistas en Acción, elaborado por un grupo de expertos en derecho constitucional y medioambiental señala a la “Ley de Aguas de Canarias 12/1990″ como anticonstitucional y de no haber sido una norma jurídica eficaz para frenar la sobreexplotación de los recursos hídricos de Canarias durante los últimos treinta años.
Segun argumenta Santiago Barajas, responsable del area de aguas de Ecologistas en Acción, la clave de esta afirmación categórica de inconstitucionalidad se encuentra en la disposición tercera de la Ley Autonómica que establece la facultad para hacer todas las obras necesarias para mantener los caudales de extracción, a diferencia de la Ley del Estado que dice que las aguas privadas en las que se cambian de manera sustancial los procedimientos de extracción pasan a ser públicas. Este hecho diferencial favorece la sobreexplotación de los recursos hídricos a través de innovaciones tecnológicas y obras de mejora de infraestructuras como pozos y galerías y provoca que las aguas de las islas “estén secuestradas hasta que caduque esa privatización y que se puedan seguir sobreexplotando los acuíferos.
A su vez consideran que que el ejecutivo regional debería adquirir mayores cuotas competenciales en la gestión del agua, que en las islas recae en exclusiva sobre los cabildos insulares (Artículo 6 de la ley 12/1990), para hacer frente a la permisividad y falta de transparencia de las instituciones insulares. El Gobierno de Canarias debería tener capacidad para la declaración de acuíferos sobreexplotados y competencias en el régimen sancionador, señalan las ecologistas. También señalan la falta de transparencia de los Consejos Insulares de aguas y la dificultad de hacer un control público de la gestión del agua, por lo que demandan la inclusión de las organizaciones ambientalistas en los consejos de administración de estos órganos insulares.
Como señala Eugenio Reyes, portavoz ecologista, estamos ante una situación de colapso hídrico eminente. Los avances en la gestión del agua producidos en las últimas décadas no han supuesto la recuperación de unos acuíferos que siguen disminuyendo a un ritmo elevado. “Cada año se extrae más agua de la que se infiltra, advierte, lo que nos lleva al colapso hídrico». Necesitamos no sólo una transición energética, sino también hídrica orientada a la recuperación de los acuiferos y los nacientes. Y por eso la «Ley de Biodiversidad de Canarias debería recoger medidas que garanticen la supervivencia de los ecosistemas naturales canarios a través de una gestión sostenible del agua”. En 1900 los nacientes de Gran Canaria arrojaban a cielo abierto 59 hectómetros cúbicos de agua y hoy “sólo tenemos tres”.
Uno de los primeros pasos que hay que dar para lograr ese objetivo de la sostenibilidad hídrica pasa por cambiar la Ley de Aguas de Canarias. “Hoy el 90 % del agua de abasto de la ciudadanía proviene de la desalación y no se puede usar como fuente de chantaje político”, comenta el veterano ambientalista canario. «Es el momento de crear un gran pacto ciudadano sobre el agua y su gestión. Los propios aguatenientes deben ser conscientes de que su modo de vida está amenazado. Es el momento de abordar el tema desde la honestidad, la responsabilidad y el sentido de la perspectiva histórica”.
Otra de las demandas ecologistas es la inclusión de los barrancos con “cursos de agua permanente”, existentes de las islas, en el registro de Reservas Naturales Fluviales, lo que implica la protección de los ecosistemas, la gestión de los espacios y la conservación de los propios cursos de agua como fuentes de biodiversidad. Casos concretos como el Barranco del Cedro, en La Gomera; el Barranco del Infierno, en Tenerife; el Barranco de Las Angustias, en La Palma o los barrancos de Azuaje, Los Cernícalos o La Mina en Gran Canaria, presentan cauces permanentes de agua. No se explica que en Canarias no haya declarada ninguna masa de agua superficial que no sea costera. La Comisión Europea “de manera reiterada” le ha pedido al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Transición Ecológica que explique por qué no hay declarado ninguno de estos espacios en el Archipiélago, siendo la única comunidad autónoma que no cuenta con este tipo de espacios naturales reconocidos. Esta es una deficiencia muy grave de los planes hidrológicos de Canarias que incumple la Directiva marco del Agua de la Unión Europea.
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