ACEM–Ecologistas en Acción lleva tiempo poniendo en conocimiento de los organismos responsables, las Confedaciones Hidrográficas, la existencia del fraude o robo del agua especialmente para riego, con las extracciones ilegales de aguas subterráneas, y la manipulación de los caudalímetros. Agua extraída ilegalmente, que además no es contabilizada en los procesos de planificación.
La organización ecologista ha presentado a la Subdelegación del Gobierno de Cuenca, solicitud dirigida al equipo del Seprona de la Guardia Civil de Cuenca, para que siga como prioridad las investigaciones de control de regadíos, las captaciones ilegales, así como los usos fraudulentos de contadores.
Reconocimiento público de ACEM–Ecologistas en Acción de la Manchuela al trabajo del Seprona en la denuncia de regadíos ilegales.
En relación con este problema, la investigación del Equipo de Seprona de la Guardia Civil de Cuenca, se enfoca a los delitos contra los recursos naturales por las supuestas captaciones ilegales en masas de agua en mal estado cuantitativo, además utilizando contadores volumétricos manipulados o inoperativos. Un delito ambiental, que se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Motilla del Palancar, en la que los agentes de la Guardia Civil han investigado a dos mercantiles por regar de forma ilegal durante años, más de 800 hectáreas de viña en la Manchuela conquense.
Desde ACEM–Ecologistas en Acción, en base a las diligencias previas, al objeto de identificar acciones que pueden ser constitutivas de un delito contra el medio ambiente y al volumen del daño ambiental producido, como Asociación declarada de Utilidad Pública, hemos realizado la Personación como Acusación Particular en este proceso judicial.
Por ello, en primer lugar, queremos hacer extensible nuestro reconocimiento público, y la felicitación al Equipo del Seprona de la Guardia Civil de Cuenca, por su excepcional trabajo realizado en la investigación de este presunto delito ecológico.
Los regadíos ilegales un daño ambiental y social
Los regadíos ilegales, además de suponer una vulneración de la legalidad, suponen un grave daño ambiental y social, agravado en la situación actual de cambio climático y de menor disponibilidad de agua en el futuro inmediato de este elemento vital y esencial, que puede llegar a poner en riesgo incluso el abastecimiento urbano. Y más si consideramos, la situación actual de partida, con casi el 50 % de los acuíferos en mal estado cuantitativo, es decir, que se extrae más agua, que la que se recarga de forma natural al sistema hídrico.
Consideramos que tanto los regadíos ilegales, como la manipulación de caudalímetros son, por desgracia, una práctica bastante extendida en las zonas agrícolas de la provincia de Cuenca, así como en otras muchas zonas de España.
Como ejemplo, la reciente noticia del pasado 3 de octubre, publicada en la Tribuna de Ciudad Real y otros medios de comunicación, donde se informa que el Seprona detecta irregularidades en el 99 % de las inspecciones de regadíos en la provincia de Ciudad Real. La mayoría de las irregularidades detectadas por los agentes, consisten en colocar imanes debajo de los caudalímetros para no registrar el consumo real de las extracciones.
Y es que, hasta estas actuaciones del Seprona, tanto los regadíos ilegales, como la manipulación de contadores gozaban de cierta impunidad. Por un lado, por inacción o falta de contundencia en la sanción de estas vulneraciones de la normativa por parte de las administraciones competentes, las Confederaciones, que en la provincia de Cuenca son, la Confederación Hidrográfica del Júcar y la del Guadiana. Por otro lado, amparados o protegidos por la Consejería de Agricultura, “Agua” y Desarrollo Rural, en su política, de más y más regadíos, sin valorar otras consideraciones.
Bien es cierto, que a raíz, de las denuncias presentadas por el Seprona, y la presión mayoritaria de la sociedad civil ante este grave problema, las Confederaciones Hidrográficas se están viendo obligadas a tomar una mayor responsabilidad en este grave problema. Y así, hemos visto noticias como la aparecida en julio, en que la CHJ detecta riegos ilegales en 200 hectáreas en las provincias de Cuenca y Albacete, de ellas 120 en el municipio de El Peral.
Las autorizaciones de menos de 7000 metros cúbicos
Uno de los problemas con que nos encontramos, especialmente en las masas de agua en mal estado cuantitativo, es la proliferación del riego de leñosas, con pozos de menos de 7000 metros cúbicos. En estos casos la normativa establece simplemente una comunicación y registro, que se otorga siempre, mientras que los aprovechamientos superiores a esta cantidad requieren de autorización expresa de la concesión, la cual no debería ser otorgada en masas en mal estado.
Así pues, la autorizaciones de menos de 7000 m³, se convierten en un coladero, que da base legal a usos fraudulentos. Además, el inmenso volumen resultado de la suma de estas pequeñas concesiones, acaba siendo un problema para el estado de los acuíferos.
No queremos para nada acusar a los agricultores, que mayoritariamente son los cuidadores de nuestro entorno. Sobre los agricultores regantes, muchos son regadíos tradicionales o riegos sociales que pueden hacer un uso sostenible del agua. Nuestro objetivo va dirigido a los insolidarios, que explotan abusivamente un recurso esencial para la vida, y vulneran la normativa.
Solicitud al Seprona de Cuenca
Con estas argumentos, y con la demostrada implicación del Seprona de Cuenca, ACEM–Ecologistas en Acción de la Manchuela, ha presentado un escrito dirigido a la Subdelegación del Gobierno para solicitar al Equipo del Seprona de la Guardia Civil de Cuenca, que mantenga como una de sus prioridades, en base a su interés social y ambiental, las investigaciones de las captaciones ilegales para regadíos, así como la manipulación de los contadores volumétricos de las explotaciones de regadío.
Para ello, desde nuestra asociación ofrecemos nuestra colaboración en todo lo que nos sea posible. En última instancia, nuestro interés es que las inspecciones y previsibles detecciones de la vulneración de la normativa de aguas, por un lado, genere un efecto disuasorio en el resto de explotaciones que actualmente están realizando estos usos ilegales en perjuicio de la mayoría social, y por otro lado, conseguir la mayor implicación de otras administraciones competentes, especialmente las Confederaciones Hidrográficas, y la Consejerías de Desarrollo Sostenible, y de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Final del proceso de planificación, en el que se aprobarán los planes hidrológicos que determinarán la gestión del agua entre 2022-27
Nos encontramos en un momento clave, en la fase final del proceso de planificación hidrológica. Desde ACEM–Ecologistas en Acción de la Manchuela hemos presentado alegaciones y sugerencias, considerando que, para mejorar las masas en mal estado cuantitativo, y conseguir lo que determina la Directiva Marco del Agua, en el sentido de conseguir el buen estado de las masas de agua para el 2027, no solo basta con controlar y eliminar las extracciones ilegales. La solución sólo puede pasar por reducir el número de concesiones y adecuarse las extracciones a la recarga natural, es decir, a los recursos disponibles de agua. No como sucede actualmente, que, según los datos de las propias Confederaciones, la demanda de agua es muy superior a la disponibilidad real.
Obviamente, nuestra propuesta pasa porque las reducciones sean principalmente a los que mayor daño causan, que son las grandes concesiones que tienen grandes propietarios de tierra, ya que ese elevado consumo de agua por un solo particular, tiene un mayor impacto ambiental, y un bajo impacto social, pues estas explotaciones generan pocos puestos de trabajo.
En definitiva, nuestras alegaciones al proceso de planificación se basan en exigir el cumplimiento de las normativas relativas al agua, especialmente la Directiva Marco del Agua.
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