- Según los empresarios es imprescindible que los ayuntamientos negocien la implantación con los colectivos sociales.
Más de un centenar de personas han participado en un animado debate público, organizado por residentes del pueblo pertenecientes al grupo Consejo Popular para la Emergencia Climática de Salteras. Se ha hablado sobre la construcción de 10 plantas de energía solar en su término municipal con la presencia de miembros del público y del sector agrícola y ganadero, grupos políticos y de cazadores, ONG e ecologistas tanto de Salteras (Sevilla) como de pueblos vecinos como Valencina de la Concepción o Gerena. Representantes de las empresas, una organización ecológica y una comunidad energética participaron como ponentes.
Los proyectos fotovoltaicos, con un total de más de 718.000 placas solares que afecta a más de 890 hectáreas, surgen dentro del contexto de un aluvión de propuestas de alrededor de 800 proyectos fotovoltaicos en toda Andalucía. De los 10 proyectos de Salteras, cuatro han sido autorizados por la Junta y otras cuatro están pendientes de autorización, habiéndose cerrado sus periodos de consulta pública.
En el acto, intervinieron José Vicente Espino de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) –la organización nacional que representa los productores de la energía solar- y Violeta Morales, por la Asociación Ecologista “Jaedilla”-Ecologistas en Acción. También Macarena Luque y Juan Jaramillo de la asociación Torreblanca Ilumina contaron la experiencia de montar la primera comunidad energética que se desarrolla íntegramente en una zona vulnerable, en el barrio sevillano de Torreblanca.
El representante de UNEF argumentó que, para la implantación de las plantas, es necesario que haya un proceso de negociación entre el Ayuntamiento, la empresa y los colectivos sociales. “Si no ponemos en el centro al territorio, el municipio, a los vecinos y vecinas, estamos haciendo un pan con dos tortas,” declaró. Ofreció la posibilidad de que su organización mediara con el Ayuntamiento sobre las plantas.
Hubo una importante presencia de trabajadores del campo. Declararon que, a pesar de ser uno de los colectivos más afectados, estaban siendo ignorados en este proceso. Según sus cálculos, se enfrentan a que 20% de los terrenos útiles donde trabajan están amenazados.
Observaron que en las plantas fotovoltaicas ya presentes en la zona nunca se veían trabajadores y entendían que las plantas no ofrecían trabajo estable. Otros expresaban malestar con que los beneficios se llevarán a otras regiones o al extranjero y no entendían cuáles eran los beneficios para el pueblo.
Violeta Morales, interviniendo por la Asociación Ecologista “Jaedilla” advertió que habría que estudiar el llamado “trampa de emisiones energéticas” en lo cual la producción y transporte de materiales para plantas renovables puede consumir más energía fósil de lo que se pretende ahorrar. Además, señaló la baja participación local en los proyectos en nuestro territorio: “En Alemania un 54% de la producción renovable está en manos de comunidades locales de energía, en Europa, los territorios obtienen el 30% de los beneficios y en España, sin embargo, es un 2%.”
Una representante de una empresa promotora fotovoltaica, también presente entre el público, advirtió que era improbable que se vayan a construir todas las plantas propuestas para Salteras, porque su puesta en marcha definitiva depende de la aplicación de cuotas energéticas.
El evento, que fue seguido también en directo a través de internet, y apoyado por otras organizaciones locales como Valencina Sostenible y la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), coincide con la presentación, sin precedentes, en el parlamento andaluz de una Iniciativa Legislativa Municipal hecha por 70 municipios andaluces gobernados por distintos partidos que pide la ordenación urgente de la expansión masiva y descontrolada de energías renovables en nuestra comunidad.
El Consejo Popular para la Emergencia Climática se formó en abril 2022 por un grupo de vecinas y vecinos para proponer, analizar y promover iniciativas al alcance de la población y sus instituciones con el fin de paliar los efectos de la emergencia climática. El Consejo pretende colaborar con las instituciones del pueblo, realizando y promocionando propuestas a aquellos organismos con poder de ejecutarlas y promoverlas. Esta ha sido la primera actividad pública de grupo.
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