Este fin de semana se ha celebrado la Feria del Automóvil, nuevo y de ocasión, de la mano de la Asociación de Empresarios de Tomelloso y Comarca (AETC) y que ha contado con la espléndida colaboración del Ayuntamiento de Tomelloso. Como no podía ser de otra manera, Ecologistas en Acción de Ciudad Real rechaza categóricamente la cesión de espacios, medios y recursos públicos a eventos que promueven la movilidad insostenible, inmersos como estamos en una crisis climática debida en buena parte a la quema de combustibles fósiles.
El tráfico motorizado es, con diferencia, el mayor causante de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), con un 71,7 % del total, muy por delante de la industria, la agricultura, la ganadería y el sector comercial y residencial. El transporte es el único sector que ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero en las tres últimas décadas, un 33,5 % según el Parlamento Europeo. El monóxido de carbono (CO), el dióxido de carbono (CO2), el dióxido de azufre (SO2), las partículas en suspensión PM10, el benceno (C6H6) y otros compuestos orgánicos volátiles salidos de los tubos de escape contribuyen a la pérdida de calidad atmosférica, empeorando la salud de la
población.
Pero son el dióxido de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) los agentes contaminantes que más preocupan a las autoridades sanitarias. El NO2 (precursor del dañino ozono troposférico) provoca cada año en España alrededor de 7.000 muertes prematuras, según el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de Medio Ambiente. En un reciente informe, la Comisión Europea contabiliza una media anual de 300.000 muertos por la contaminación atmosférica (30.000 personas en nuestro país). La misma fuente ha establecido un coste de entre 231.000 y 853.000 millones de euros cada año, lo que incluye 8.000 millones de euros solo en pérdidas de días laborables.
Otro de los perjuicios del incesante tráfico motorizado en las ciudades es el ruido. Para ADA, empresa especializada en la prestación de servicios al automóvil y al automovilista, un 80 % de la contaminación acústica tiene que ver con la circulación de vehículos.
Por si todo lo anterior no bastara, el coche es un devorador de espacio público, relegando agresivamente la presencia de otras formas de movilidad más ecológicas, como el transporte público, la bici, el patinete eléctrico o el desplazamiento a pie. La compra, revisiones y mantenimiento de un utilitario representa un gasto desproporcionado en la economía familiar, máxime en una situación de escalada inflacionaria.
La dependencia del automóvil incentiva el sedentarismo y enfermedades derivadas como la diabetes, enfermedades cardíacas, hipertensión y sobrepeso. Pero, sin duda, es la alta siniestralidad en la carretera (943 fallecidos en lo que llevamos de año, un 13 % más que en 2021 según la DGT) el capítulo más oscuro de la relación tóxica de nuestra sociedad hacia el coche. El Observatorio Europeo de Seguridad Vial ha calculado que entre el 2004 y el 2013 fallecieron 62.000 jóvenes en la Unión Europea en accidentes de tráfico, siendo la primera causa de mortalidad en menores de 34 años.
No se entiende, de ninguna manera, que los ayuntamientos (ahora el de Tomelloso, hace muy poco el de Manzanares) se presten a publicitar y apoyar estrategias empresariales ligadas a la poderosa industria del motor, contraviniendo compromisos institucionales – plasmados en resoluciones, declaraciones y normativas – con miras a la mitigación y adaptación al cambio climático, a la adopción de pautas de movilidad más sostenibles, y a la protección de la salud y la calidad de vida de la población.
Es inexplicable la utilización de una zona verde, el Parque de la Constitución, como plataforma expositiva y de venta de automóviles. Las declaraciones del concejal de Promoción Económica durante la presentación de la feria, del tipo «se trata de ir al parque y salir en coche» producen desconcierto, sino hilaridad.
El Ayuntamiento de Tomelloso yerra en su insistencia por perpetuar un modelo de ciudad tan alejado de estándares, comúnmente aceptados, en torno a la transición ecológica y a un urbanismo inclusivo y democrático.
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