- Las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción, que fueron las que denunciaron el caso, recurrieron el archivo de las diligencias previas.
- En su razonamiento la Audiencia Provincial indica que presuntamente se dictaron órdenes vulnerando la normativa aplicable y que no cabe alegar ignorancia, considerando incomprensible la situación.
- Las órdenes posteriores no han sido sometidas a una Evaluación Ambiental reglada aunque se han realizado informes de afección a la Red Natura 2000.
En 2020, las organizaciones Ecologistas en Acción y ANSE, denunciaron por presunta prevaricación a dos Consejeros de Medio Ambiente y dos Directores Generales, por favorecer presuntamente intereses cinegéticos en detrimento del Medio Ambiente, al aprobar y publicar la Orden de Vedas sin la obligatoria evaluación ambiental previa.
El Juzgo de Instrucción nº 4, que inició las investigaciones a raíz de la denuncia, acordó el archivo de las Diligencias Previas Nº 2.084/2020 en las cuales se investigaba a los dos consejeros y dos altos cargos por presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación al aprobar dos órdenes de vedas sin su preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental.
En esas diligencias se investigaba al entonces Consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo (ahora consejero de agricultura), su antecesor al frente de Medio Ambiente, Javier Celdrán (ya fuera del gobierno regional), y contra el entonces Director General de Medio Natural, Fulgencio Perona (ahora Director General de Emergencias) y también contra el Director de Medio Ambiente, Francisco Marín (aún en el cargo). Ese archivo fue objeto de Recurso de Apelación por parte de las organizaciones denunciantes.
Ahora la Audiencia Provincial obliga a estimar el Recurso de Apelación interpuesto por la Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción de la Región de Murcia contra el archivo, y obliga a la reapertura de la causa de modo que el Instructor deberá realizar las diligencias procedentes para esclarecer los hechos denunciados.
En su auto, la Audiencia Provincial justifica su decisión en que “Se habrían dictado así presuntamente dos órdenes de regulación de las vedas con vulneración de la normativa aplicable (al no observarse una exigencia procedimental esencial)”. También indica que “no cabe alegar ignorancia o desconocimiento por parte de la administración de la comunidad autónoma, y se aprecia que al menos se ha producido una repetición de omisiones de la evaluación de repercusiones por dos años consecutivos, lo que sería expresivo de un mantenimiento de actuación omisiva, frente a una regulación precisa, clara y taxativa”.
Ahora, las organizaciones esperan que la reapertura del caso acabe de una vez por todas con la connivencia de la Comunidad Autónoma con los intereses cinegéticos y piscícolas en detrimento del Medio Ambiente, y sirva para iniciar una fase de respeto a los órganos de participación pública y los procedimientos legales.
En este sentido, las organizaciones reclaman al nuevo Consejero competente en Medio Ambiente, Juan María Vázquez y a la Directora General del Medio Natural, María Cruz Ferreira, un cambio radical en la política ambiental, ya que las Ordenes de Vedas posteriores han incluido informes de afección a la Red Natura 2000, pero no la Evaluación de Impacto Ambiental propiamente dicha, que la legislación vigente obliga.
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