El dinero público no debe obstaculizar la descarbonización de los hogares

Todas las ayudas y subvenciones públicas deben dirigirse a la descarbonización de la calefacción mediante tecnologías eléctricas y renovables.
Reconvertir la red de gas a hidrógeno supondría retrasar y desviar el foco de inversión, al no existir una demanda estimada y concreta.

¿Qué está frenando la descarbonizacion
de nuestros hogares?

La red Gas No es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha elaborado un documento recopilatorio donde advierte que algunas comunidades autónomas todavía poseen planes Renove para calderas de gas para uso residencial. Concretamente, en el Principado de Asturias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, por lo que la plataforma urge a eliminar todo tipo de subvenciones con dinero público dirigidas a la perpetuación de los combustibles fósiles en los hogares.

Asímismo, doce capitales de provincia todavía incluyen dotaciones presupuestarias para la renovación de equipamiento, sin excluir a las calderas de gas o gasóleo. Las fuentes de financiación son diversas, desde los fondos propios de los ayuntamientos derivados de los ingresos tributarios y de las comunidades autónomas. Esto se debe a que poseen una normativa ambigua, que no prohíbe explícitamente los combustibles fósiles, dejando una puerta abierta a evitar el despliegue de nuevas calderas de combustión que aumenten la dependencia energética del exterior y nuestra vulnerabilidad.

El posicionamiento público no puede ir en contra de los objetivos climáticos. Una investigación del Öko Institut confirma que la eliminación progresiva de la calefacción de combustibles fósiles mediante el diseño ecológico para 2025 podría desbloquear una reducción masiva de 320 TWh en el consumo de gas en calefacción residencial, lo que corresponde al 8% de las importaciones totales de gas de la UE en 2020.

En este sentido, el 27 de abril se celebra el Foro de Consultivo de Ecodiseño, que será crucial en nuestra búsqueda de la neutralidad climática: los Estados miembros de la Unión Europea debatirán nuevas normas de diseño ecológico para calderas y estufas. En la práctica, elevar el umbral de eficiencia energética de estos aparatos podría suponer una prohibición de facto de las calderas de gas y gasóleo, dado que son mucho menos eficientes que las bombas de calor y otros sistemas basados en energías renovables. La red propone que esta medida debería hacerse efectiva antes de 2029, idealmente en 2025.

Gas No es Solución también advierte de los mitos y trampas en torno al hidrógeno verde en los hogares. Pese a lo que muchas voces en la industria quieren hacer creer, el hidrógeno y otros gases de base hidrógeno no llegará a las casas ni por tubería ni en bombona. El hidrógeno no es un combustible de uso común, no es práctico ni rentable, pero sobre todo no es seguro para la cobertura de las demandas energéticas de la población, es decir, para usarlo en casa. Independientemente de que se cambie la red y se pongan sistemas especiales para evitarlo, una red de hidroductos sería mucho más cara, peligrosa y más emisora que la actual de gas. Solamente una combinación de mejoras en el aislamiento, bombas de calor/aerotermia eficiente y autoconsumo solar en las viviendas podrían asegurar en un futuro la autonomía energética y hogares vivibles en invierno y en verano.

Por tanto, el futuro de la calefacción en los hogares pasa, exclusivamente, por la electricidad y las energías renovables para la cobertura de las necesidades de climatización y ACS (agua caliente sanitaria). Las diferentes tecnologías renovables, disponibles y ya maduras, son una solución eficaz y probada, en función de las condiciones climatológicas locales, todas ellas combinadas con la electrificación de los consumos de los edificios, al tener la energía renovable un precio bajo en comparación con el actual y el futuro de los combustibles fósiles.

Para evitar que se sigan desviando fondos públicos en dirección contraria de la lucha contra el cambio climático, Gas No es Solución propone las siguientes medidas para acelerar la descarbonización de los hogares, priorizando a los sectores más vulnerables:

El cese inmediato de toda financiación pública para nuevas infraestructuras de gas fósil o su reconversión en hidroductos (para transportar hidrógeno) a escala nacional y regional. Incluida la subvención de redes capilares de gas en pueblos y ciudades, centrales satélites de regasificación y calderas domiciliarias y/o colectivas.
Dejar de financiar con fondos públicos la transformación de infraestructuras gasistas de transporte y distribución para el hidrógeno hasta que no exista un estudio de la demanda real de este gas a futuro.
Establecer un plan de cierre progresivo de la infraestructura de distribución de gas para el sector residencial en 2035. A medida que escalan los sistemas de calefacción renovables disminuirá la demanda de gas fósil, se debe comenzar el debate sobre cómo realizar el desmantelamiento de la red gasista sin dejar atrapadas a las personas en estado de vulnerabilidad en los precios volátiles del gas.
Establecer una prohibición de instalación de nuevas calderas de gas (incluidas las híbridas o certificadas como “hydrogen ready”) en 2025. Diez países europeos ya tienen previsto prohibir la instalación de calderas de gasóleo y gas en edificios nuevos o existentes.
Establecer una tarifa social para la energía y los suministros básicos con una demanda mínima gratuita, financiada a través de una fiscalización activa de los ingresos de las empresas gasistas y petroleras.
Reorientar las subvenciones de las calderas de gasóleo y gas hacia la calefacción renovable.
Implementar un cambio masivo de calderas de gas por sistemas térmicos renovables ya existentes y maduros tecnológicamente, como la bomba de calor, la aerotermia, la solar térmica, etc.
Establecer un plan de rehabilitación de edificios ambicioso, con estándares de eficiencia energética y que priorice a las personas en estado de vulnerabilidad y precariedad energética.
El establecimiento de un tope o limitación al precio del alquiler, así como unos requerimientos mínimos de habitabilidad y eficiencia térmica.
Fomentar las comunidades energéticas, impulsadas por la ciudadanía, que incluyan servicios energéticos con perspectiva térmica y eléctrica.