- El Parlamento Europeo, a través de su secretario general, acaba de dar traslado a su Comisión de Peticiones de una solicitud realizada por diversos colectivos vecinales y ecologistas de Madrid en la que reclaman que analice y debata el uso de fondos europeos para “unas actuaciones tan dañinas para la salud pública de Madrid”.
- Las talas de árboles aprobadas por la Comunidad de Madrid, que han generado una oleada de protestas vecinales sin precedentes, vulneran diversas directivas y acuerdos comunitarios como el Pacto Verde Europeo.
- Los colectivos ciudadanos enviaron su petición al Parlamento Europeo días después de la proyección en su sede del documental “De interés general, un barrio por un parque”, que narra la exitosa la lucha ciudadana contra el campo de prácticas de golf de Esperanza Aguirre en Chamberí.
“¿Cómo es posible que con dinero europeo se lleven a cabo actuaciones que van en contra de sus objetivos medioambientales y climáticos? ¿Resulta aceptable que el dinero del Banco Europeo de Inversiones financie en Madrid la destrucción de un arbolado que ayuda a mejorar la salud de toda la ciudadanía, nos permite mejorar la calidad de nuestro aire para cumplir con las Directivas europeas o nos acerca a los objetivos del Pacto Verde Europeo?” La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Asociación Parque Sí en Chamberí, las asociaciones vecinales Avance de Moratalaz, Parque de Comillas, Pasillo Verde Imperial y Doña Carlota Numancia y Ecologistas en Acción de Madrid plantean estas dos cuestiones al Parlamento Europeo en un escrito que el 12 de abril su secretario general dio traslado a la Comisión de Peticiones de la cámara.
De esta manera ha llegado a las instituciones europeas el polémico plan de talas de arbolado aprobado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para ejecutar la ampliación de la línea 11 de Metro y que ha sido contestado en la calle con protestas ciudadanas sin precedentes. Dado que la extensión de la línea del suburbano está financiada con fondos europeos con un total de 372 millones de euros, tiene lógica que el Parlamento Europeo analice y debata la cuestión, que es lo que han solicitado los grupos vecinales y ecologistas.
Literalmente, estos sostienen en su escrito que “es necesario que la Comisión de Peticiones pueda analizar y pedir información a la Comisión Europea acerca de la afectación de estos hechos en la salud pública y de la ciudadanía de Madrid, en las vulneraciones de Directivas Europeas, así como en los acuerdos comunitarios como el Pacto Verde Europeo, de los que todos los Estados miembro y regiones son parte”. Y “también -continúan-, que se debata y analice el uso de fondos europeos procedentes del Banco Europeo de Inversiones y otros organismos o instrumentos financieros de la UE para llevar a cabo estas actuaciones tan dañinas para la salud pública en Madrid”.
Según las propias normas de este banco, los proyectos financiados en la Unión Europea deben estar guiados por la Hoja de Ruta del Banco del Clima, con el fin de, entre otras cosas, favorecer la implementación de los Acuerdos de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es evidente que la destrucción de cientos de árboles maduros, muchos de ellos de más de 40 años, y la importante reducción de la superficie de zona verde de los parques de Comillas (Carabanchel), Arganzuela (integrado en Madrid Río) y Darwin (Moratalaz) que prevé el proyecto de ampliación de la línea 11 de Metro choca frontalmente contra estos objetivos y las directivas medioambientales europeas.
En su petición de amparo al Parlamento Europeo, las asociaciones vecinales y conservacionistas subrayan que el “arboricidio” previsto por la Comunidad de Madrid puede tener “graves consecuencias sobre la calidad del aire y la salud de la población” toda vez que Madrid “es la ciudad de la Unión Europea con mayor mortandad relacionada con la contaminación por NO2 según estudios del Instituto de Salud Global”.
El informe sobre calidad del aire en Madrid que anualmente elabora Ecologistas en Acción muestra que los datos correspondientes a 2022 están lejos del triunfalismo exhibido en estos meses por el Ayuntamiento. “Todas las estaciones de la red de medición arrojan valores medios de contaminación por dióxido de nitrógeno muy por encima de los valores recomendados por la OMS y la mayoría rebasan asimismo el valor límite que se prevé en la próxima Directiva. A mayor abundamiento, tenemos que los datos muestran un empeoramiento en 2022 respecto de los años anteriores en la medición de la contaminación por material particulado”, puede leerse en el escrito al Parlamento Europeo.
A esto hay que añadir que en los últimos cuatro años, la capital ha perdido alrededor de 80.000 árboles en sus calles y zonas verdes, sin contar las muy cuantiosas pérdidas en sus parques históricos, singulares y forestales.
Por todo lo anterior, los grupos vecinales y ecologistas esperan ahora la intervención del Parlamento Europeo con el fin de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso paralice definitivamente un plan de talas de arbolado que ha arrancado una firme oposición ciudadana y que solo gracias a esta hoy en día permanece en suspenso. El Ejecutivo regional dispone de alternativas para que la muy demandada ampliación de la línea 11 tenga las mínimas afecciones en el medio ambiente y el vecindario.
“De interés general”
Los colectivos que firman la petición de amparo enviaron esta, unos días después de que la Asociación Parque Sí en Chamberí presentase en la sede del Parlamento Europeo el documental De interés general, un barrio por un parque, un filme dirigido por Miguel Ángel Sánchez que narra la exitosa lucha ciudadana contra el campo de prácticas de golf que la ex presidenta regional Esperanza Aguirre abrió en una de las escasas zonas verdes de ese distrito. La entidad aprovechó la proyección del documental para denunciar las polémicas talas de árboles de la ampliación de la línea 11.
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