El Ayuntamiento de Valladolid pone en peligro la salud pública, volviendo al modelo de movilidad del siglo pasado, basado en la prioridad de los vehículos motorizados privados.
El Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de hoy publica la Ordenanza Municipal para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad de Valladolid, aprobada definitivamente por el Pleno municipal del pasado 30 de octubre con los únicos votos de Partido Popular y Vox, cuya entrada en vigor tendrá lugar mañana jueves 16 de noviembre.
Dicha Ordenanza suprime los carriles bus de Avenida Gloria Fuertes, Puente del Poniente, Plaza de la Universidad, Calle López Gómez, Puente de Isabel la Católica y Avenida de Miguel Ángel Blanco, así como los carriles bici del Paseo de Isabel la Católica y la Avenida de Gijón. Al mismo tiempo, habilita la utilización de los carriles bus subsistentes por otros vehículos.
El informe del Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento obrante en el expediente advierte de que las infraestructuras que se pretenden suprimir han propiciado en 2023 una reducción del 26% en el tráfico motorizado privado en día laborable en las vías de acceso al centro afectadas por la nueva regulación, respecto a la situación previa a su implantación en 2020, y además han incrementado a más de 1.000 diarias la casi nula circulación previa de bicicletas en estas vías.
Y según los informes de gestión de Auvasa, la implantación de los carriles bus que ahora se derogan ha permitido aumentar la velocidad comercial media de los autobuses en un 27% desde el año 2019, pasando de 12,25 a 15,60 kilómetros por hora, a pesar de que no llegan al uno por ciento del total de la longitud de la red, especialmente en las líneas ordinarias que los usan.
Aunque la nueva Ordenanza Municipal carece de exposición de motivos, según ha declarado el equipo de gobierno municipal pretende “suprimir aquellas medidas que se considera que han generado mayores problemas para el tráfico de la ciudad”, retornando a la situación de partida, con un aumento del tráfico de vehículos privados y un menor uso del autobús y la bicicleta. Lo que va a conllevar más espacio para el coche y un incremento de la contaminación y el ruido.
Hay que recordar que según el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Salud Global, la contaminación atmosférica provocada por el tráfico causa en la ciudad de Valladolid más de doscientas muertes prematuras, cada año. Sin embargo, la Ordenanza Municipal anti Carriles Bus y Bici no ha evaluado su impacto sobre la calidad del aire y el ruido, evaluación obligada de acuerdo a los propios reglamentos municipales de Medio Ambiente Atmosférico y de Ruido.
Por otro lado, los carriles bus y carriles bici suprimidos están expresamente recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid y en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Valladolid (PIMUSSVA), contando asimismo con la cobertura del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la ciudad de Valladolid. Por lo que la nueva Ordenanza Municipal es ilegal al contravenir normas de superior jerarquía como las citadas.
En consecuencia, Ecologistas en Acción ha acordado impugnar judicialmente la Ordenanza Municipal para establecer determinados carriles de uso restringido en la ciudad de Valladolid, y va a solicitar su suspensión cautelar para evitar el desmantelamiento de los carriles bici del Paseo de Isabel la Católica y la Avenida de Gijón, por el despilfarro de dinero público que ocasionaría esta medida y su difícil reversibilidad, una vez se hayan devuelto dichos carriles al vehículo privado, incrementando este tráfico e impidiendo la circulación ciclista en esas calles.
En opinión de Ecologistas en Acción, la ciudad no necesita suprimir carriles bus ni carriles bici, sino todo lo contrario: aumentar sustancialmente los espacios reservados a la circulación de peatones, ciclistas y transporte público. Los derechos a la salud y a un medio ambiente adecuado son esenciales para la vida, y así aparecen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Española, prevaleciendo sobre cualquier ilusorio e inexistente derecho a circular por la ciudad en vehículos con motor de explosión.
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