Corta Minera Filón Norte
Ecologistas en Acción de Huelva presentó alegaciones a la propuesta de autorización de vertido solicitada por la mercantil Nueva Tharsis SL para vaciar la corta Filón Norte de Tharsis hacia el río Oraque, que presenta ya en la actualidad una grave situación de contaminación por los derrames mineros que se producen en toda su cuenca y que no hay que olvidar que terminan desembocando en el Odiel y en su desembocadura en la ría de Huelva, donde se sitúa el espacio protegido de la Reserva Natural de la Biosfera de las Marismas del Odiel.
Ecologistas en Acción considera que la prioridad de la Junta debería ser la descontaminación de los ríos de Huelva, víctimas de las consecuencias de siglos de extracciones mineras y no la concesión de nuevas autorizaciones de vertidos favorables a mercantiles como Nueva Tharsis SL. Esta empresa forma parte de la sección minera de MAGTEL, que junto a Grupo México pretenden también realizar un vertido tóxico al estuario del Guadalquivir, procedente de la Mina de Los Frailes en Aznalcóllar. De hecho, la solicitud de vertido de Nueva Tharsis la realiza Mario López Magdaleno, que junto con su hermano Isidro, van a ser juzgados por la Audiencia Provincial de Sevilla en marzo de 2025 acusados de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, por el proceso de adjudicación en 2015 de los derechos mineros de la Zona Aznalcóllar.
La Junta de Andalucía no acepta la obligación establecida legalmente de realización de una Evaluación de Impacto ambiental, previa a la autorización del vertido que propone Nueva Tharsis y pretende permitir la emisión de grandes cantidades de contaminantes a una masa de agua, sobre la que se tiene la obligación de actuar para revertir su actual situación calificada como peor que mala en el Plan Hidrológico Tinto-Odiel-Piedras.
En sus alegaciones, Ecologistas en Acción denuncia que la propuesta de autorización incumple los límites legales previstos para los sulfatos, lo que que puede llevar a alcanzar una cantidad inasumible de 5.400.000 kg/año de vertido de estas sustancias para los 3 millones de metros cubico/año de caudal de vertido que se propone autorizar.
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