Los medidores han sido instalados por medio centenar de personas voluntarias formadas por la organización en farolas, a una altura aproximada de 3 metros y respetando el resto de criterios legales (distancia a grandes cruces, edificios y calzadas, ausencia de obstáculos, etc.). Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, se han ubicado medidores en la estación oficial (Burgos-1, en la plaza Lavaderos), con la finalidad de hacer una comparativa con los emplazamientos oficiales. Para la elección de las ubicaciones se han estudiado los mapas de ruido de cada ciudad, buscando las calles más ruidosas y congestionadas. También se han seleccionado ubicaciones con menos tráfico, incluso peatonales y otras cercanas a lugares sensibles como colegios.
El contaminante analizado ha sido el dióxido de nitrógeno (NO2), emitido por el tráfico urbano (sobre todo por los vehículos diésel), gas tóxico que hace unos años presentaba niveles muy elevados, por encima de los límites legales entonces vigentes. Sin embargo, en la primera década del siglo la Junta de Castilla y León reubicó todas las estaciones con incumplimientos legales, entre ellas la estación burgalesa orientada al tráfico, consiguiendo reducir los niveles de contaminación registrados.
No obstante, con los resultados de las dos campañas de medición realizadas en noviembre de 2020 y febrero de 2021, Ecologistas en Acción ha podido comprobar que la situación real de la contaminación atmosférica en las ciudades de Castilla y León es muy diferente de la “excelencia” que publicita el Gobierno de Castilla y León. Las estaciones oficiales orientadas al tráfico registran de promedio la mitad del NO2 que en las calles con más circulación de automóviles, como es el caso de la estación Burgos-1. Llama la atención que el dosímetro ubicado en la calle Laín Calvo presente mayores niveles que la propia estación, reflejando que el acceso de vehículos a motor en esa área, implica -entre otras molestias- mayores niveles de contaminación que los esperados en una zona peatonal.
En este sentido, la organización ambiental recuerda que el primer criterio legal de ubicación de las estaciones de medición es implantarlas en “las áreas situadas dentro de las zonas y aglomeraciones que registren las concentraciones más altas a las que la población puede llegar a verse expuesta”. En el caso de Burgos los niveles más altos de contaminación se han medido en la calle Vitoria, precisamente donde hasta 2006 estuvo instalada la estación urbana oficial. La avenida Cantabria y la plaza de San Agustín son las siguientes ubicaciones que ofrecen niveles más elevados de NO2.
Como ya se hizo el pasado mes de enero con el informe de la primera campaña de medición, Ecologistas en Acción va a trasladar los resultados de su segunda campaña a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Burgos, solicitando que se cambie la ubicación de las estaciones oficiales para que reflejen más fielmente la contaminación atmosférica urbana, así como que se adopten medidas decididas de restricción de la circulación motorizada en las ciudades y un reparto del espacio público más favorable para viandantes, ciclistas y transporte público. De no obtener una respuesta positiva a esta demanda, la organización ambiental acudirá a los tribunales para que estos obliguen a la Junta de Castilla y León a cumplir con su obligación legal de medir fielmente la contaminación atmosférica y actuar en consecuencia, invocando para ello la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 29 de junio de 2019 sobre la obligación de ubicar puntos de muestreo en los lugares más contaminados.
El dióxido de nitrógeno (NO2) provoca cada año en España alrededor de 7.000 muertes prematuras, según el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Europea de Medio Ambiente, 500 de ellas en las ciudades de Castilla y León. Es un gas irritante que agrava las enfermedades respiratorias y merma la resistencia a las infecciones, incrementando la mortalidad de enfermedades como la COVID-19.
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