Las presiones desde diversas instancias políticas y empresariales pretenden perpetuar una sangría de dinero público que ya ha costado 20 millones de euros, pero se puede multiplicar exageradamente en el futuro.
Desde su gestación, al amparo de la sequía de inicios de los 90 del siglo pasado, el proyecto de la presa de Alcolea encadeno una serie de irregularidades que se irían haciendo más evidentes en estos últimos años. No hubo una verdadera evaluación de impacto ambiental ni de viabilidad económica, sino una aprobación política para satisfacer a grupos de presión que continuaban con la vieja tradición pantanera del franquismo. Se vislumbraban los intereses económicos de estos grupos de presión cuando se planteaba como objetivo inicial de la presa el abastecimiento a la población, lo que era absolutamente incompatible con la calidad de las aguas que aportaban tanto el río Odiel como su afluente Oraque que confluyen en la ubicación elegida. En esa época, todavía con fuerte actividad minera aguas arriba de los dos ríos, la acidez alcanzaba valores extremadamente altos y el arrastre de metales pesados y contaminantes generaba graves problemas en la desembocadura del Odiel y en sus marismas. Aun así, el proyecto fue defendido con vigor por algunos políticos y aplaudido con ansia por las empresas constructoras de obra pública.
Cuando se reactivó varios años más tarde, los mismos grupos de presión se valieron de su fuerza no sólo para evitar una tramitación ambiental y económica acorde con los nuevos cambios normativos, sino que además utilizaron todos los resortes de su poder para intentar acallar a la comunidad científica que alertaba de la imposibilidad de usar esa agua, no ya para abastecimiento urbano sino ni siquiera para riego agrícola, que se había convertido en el nuevo objetivo de la presa, junto con su supuesta función laminadora de avenidas.
Sin embargo, la realidad es muy tozuda y cualquier evaluación ambiental y económica seria, rebela el tremendo costo que ocasionaría la depuración del agua necesaria para su uso en la agricultura, más aún cuando la reactivación de actividades mineras crea riesgos de nuevos aportes contaminantes, a añadir a los que nunca cesaron de las escombreras y minas abandonadas. El vertido de La Zarza de hace cuatro años puso la guinda al conocimiento del despilfarro de dinero público que se estaba realizando y las propias deficiencias técnicas del proyecto de obra terminaron provocando su paralización.
Ecologistas en Acción de Huelva, que alegó y cuestionó desde el proyecto inicial contra su viabilidad y exigió una correcta evaluación ambiental y de costos, pide que no se siga despilfarrando más dinero público en una obra inútil e impactante que nunca debió iniciarse. La asociación ecologista lamenta que algunos partidos políticos e incluso instituciones públicas sigan impulsando este despropósito con total impunidad, ya que nunca soportarán los costos que sus presiones supondrán para el dinero público. El uso prioritario de los fondos públicos en materia hidraúlica debería ser su empleo en rectificar las consecuencias de una política de explotación minera y de agricultura industrial, que ha privado a Huelva de las aguas y la salud y vida de sus ríos y de los ecosistemas y actividades económicas que se alimentan de ellos
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