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Retenido un petrolero por vertido ilegal de hidrocarburos

  • Un vertido de petróleo de 55 km cuadrados al norte de la isla de La Palma pone de manifiesto que el vertido de hidrocarburos en el medio marino es crónico.
  • El buque responsable del vertido, en su paso por el Mediterráneo, ha tenido que entrar en el puerto de Almería por orden de la Dirección General de la Marina Mercante.
  • Ecologistas en Acción apuesta por la sanción severa a este tipo de negligencias que amenazan de forma directa la biodiversidad marina.

Los vertidos ilegales al mar no paran de crecer. En el informe publicado por Oceana en 2003 (https://ift.tt/2SBjIrq), se advertía que cada año más de 1.000 millones de toneladas de hidrocarburos circulan por los mares europeos y se registran cerca de 3.000 vertidos ilegales de petróleo al año. En dicho informe Oceana también advertía que los vertidos rutinarios que se realizan en los mares pueden alcanzar una magnitud entre 8 y 33 veces mayor que la de accidentes como el del Prestige.

Desde los graves episodios de vertidos ocurridos con el Erika en 1999 o el Prestige en 2002, se adoptaron a nivel comunitario una amplia gama de mejoras de la seguridad marítima. Sin embargo, la situación en la actualidad no parece haber mejorado mucho: siguen llegando noticias de vertidos (accidentales o no) y buques de dudosa calidad con cargas contaminantes continúan navegando por las aguas europeas y mundiales, provocando la contaminación crónica de nuestros mares y océanos con devastadores efectos sobre la biodiversidad. El modelo de producción y consumo que sustenta las economías actuales es un modelo profundamente injusto que en muchas ocasiones no se hace cargo de este tipo de negligencias.

El pasado 10 de junio el satélite de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) y el avión de Salvamento Marítimo detectaron una descarga del petrolero Aldán de bandera liberiana, 147 millas al noroeste de La Palma, contaminando 55 kilómetros cuadrados en el Atlántico, dentro de la Zona Económica Exclusiva de España.

A continuación, el petrolero entró en él Mediterráneo y, al pasar por cabo de Gata, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), ordenó al capitán del buque la entrada a puerto. Dada la cantidad vertida y la sensibilidad de la zona (zona habitual de cetáceos y muchas otras especies) donde se ha producido el vertido de hidrocarburos, se deberían enfrentar a una de las sanciones más altas impuestas hasta el momento por dicha Dirección.

Lamentablemente, los buques conocen las zonas donde existe mayor control y evitan cometer infracciones en ellas. El estudio y análisis de fotografías de satélite, o la vigilancia marítima aérea, detectan numerosos vertidos ilegales, pero sólo una pequeña parte de los infractores pasa a disposición de la justicia.

El Convenio Marpol 73/78 (Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques de 1973 y su Protocolo de 1978, en su versión enmendada), que ha sido ampliamente ratificado a escala mundial, no siempre se cumplen, y además, en el Estado español existen serias deficiencias en el tratamiento de residuos generados en buques, la prevención de los vertidos ilegales y la persecución de los infractores. Contamos con la regulación y la normativa suficiente, pero es necesario que se articulen las acciones legales oportunas para garantizar la correcta implementación de dicha legislación.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide que aumente la vigilancia como medida preventiva y que los responsables sean sancionados como contempla la legislación. “De lo contrario, este tipo de actos vandálicos continuarán produciéndose”, asegura Sasi Barroso, portavoz de Ecologistas en Acción Almería. “Por desgracia, los accidentes del pasado como el Prestige nos mostraron los efectos devastadores que tienen los vertidos de hidrocarburos sobre el medio marino y su biodiversidad, asociados a grandísimas pérdidas socioeconómicas. En plena crisis climática y de biodiversidad, resulta incomprensible que esto siga ocurriendo”, concluye.

Por último, la organización ecologista exige a las autoridades que mantengan informada a la ciudadanía de forma veraz y completa y se le facilite la información relacionada con este suceso y las medidas que se van a tomar.

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