El nuevo proyecto de mina subterránea de Cobre Las Cruces dejará a Sevilla sin reservas de aguas subterráneas en tiempos de sequía.
Ecologistas en Acción denuncia que el denominado proyecto PMR pretende modificar el Plan Hidrológico del Guadalquivir para extraer hasta 6 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas protegidas. [Foto derrumbe mina CLC]
El pasado 19 de agosto se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla anuncio con la petición definitiva de la empresa minera Cobre Las Cruces de una concesión de aguas públicas para su proyecto de minería subterránea denominado Proyecto PMR. En esta solicitud consta una cantidad máxima de aguas públicas de 4.360.000 m3/año, de las que 3.330.000 m3/año serán de aguas subterráneas. Pero lo cierto es que en las autorizaciones ambientales unificada e integrada (AAU y AAI) que otorgó la Junta de Andalucía en diciembre de 2020 se contempla un uso de hasta 6 millones m3/año de aguas subterráneas.
El consumo de aguas subterráneas se produce por tres vías, 2.000.000 millones m3/año de aguas de achique de la mina subterránea, 1.300.000 m3/año por rechazos del Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) y 30.000 m3/año para consumo doméstico.
En 2004 se autorizó la mina a cielo abierto de Cobre Las Cruces (CLC) con una condición de obligado cumplimiento. Quedaba prohibida cualquier afección, en cantidad y calidad, a las aguas subterráneas del entorno minero, porque constituyen una reserva estratégica destinada a abastecer de agua al área metropolitana de Sevilla en épocas de sequía.
Por eso, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sólo autorizó entones a CLC usar 180.000 m3/año de esas aguas subterráneas, que además tenía que compensar mediante el cierre de varios pozos del entorno minero.
CLC nunca ha cumplido esa obligación y ha dañado el acuífero de manera continuada y reincidente, y con conocimiento permanente de las autoridades de la CHG.
En mayo de 2008 la CHG tuvo que paralizar la actividad minera por contaminar con arsénico el acuífero, y en 2016 sus tres máximos dirigentes fueron condenados por esos hechos, por delitos contra el medio ambiente y de daños continuados al dominio público.
Desde 2009 hasta 2019, CLC consumió 1.000.000 m3/año por encima de la autorización, es decir, 5,5 veces más de lo autorizado, ante la pasividad cómplice de la propia CHG.
En 2018 realizó la primera rampa de minería subterránea y los daños al acuífero se dispararon, y en enero de 2019 se produjo un derrumbe masivo de la escombrera norte hacia el interior de la corta minera, en parte, como consecuencia de la detracción masiva e ilegal de aguas subterráneas.
Ahora, el nuevo Proyecto PMR de CLC -minería subterránea y nueva Planta de Beneficio- ha solicitado que le autoricen -durante 15 años más- extraer hasta 6 millones de m3/año de lo que ahora denominan “aguas de mina”, y un consumo de 3.330.00 millones m3/año de esas aguas subterráneas para el nuevo proceso industrial.
Muy probablemente, dada la trayectoria infractora de CLC, finalmente extraeran anualmente unos 30 millones m3/año del acuífero, es decir, 180 veces más de lo que se comprometieron a extraer cuando se les autorizó su proyecto minero en 2004.
Esta cantidad equivale al consumo de los 700.000 habitantes de Sevilla durante un año completo.
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