Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reafirman su compromiso con una transición energética que acelere y consolide, de forma urgente, un sistema energético 100 % renovable y un modelo económico de cero emisiones. De igual modo, subrayan la necesidad de que esta transición se lleve a cabo haciendo realidad todo su potencial beneficioso para el planeta y las personas. La transición energética es irrenunciable para la lucha contra el cambio climático y para la protección de la biodiversidad y, además, puede ser un eje vertebrador para alcanzar mayor prosperidad tanto en las zonas rurales como en las ciudades. Para que sea así las organizaciones ecologistas reivindican que la ciudadanía, especialmente las comunidades locales, estén en el centro de la definición y despliegue de las energías renovables basado en criterios socioambientales.
Por ello, comparten la preocupación y muestran su apoyo a los territorios afectados por un despliegue renovable desordenado, excesivamente centralizado, escasamente participado y que, en demasiadas ocasiones, supone impactos negativos sobre la naturaleza. Y, al respecto, reclaman de nuevo planificaciones energéticas vinculantes en cada comunidad y ciudad autónoma. Estas ordenaciones territoriales de la energía han de basarse en las necesidades energéticas reales así como en criterios sociales y ambientales para proteger el medio ambiente y apoyar un modelo distribuido, que fomente el autoconsumo y las comunidades energéticas.
La falta de planificación no solo está generando tensión social en los territorios afectados, sino que también está ralentizando y poniendo obstáculos al necesario y urgente despliegue renovable que precisa el país. Esta situación ha motivado diferentes respuestas que confluyen, el próximo sábado, en una movilización que aglutina a 160 organizaciones, bajo la plataforma Aliente.
Ante las movilizaciones sociales generadas demandando un desarrollo de las energías renovables respetuoso con la biodiversidad y justo para los territorios que las acogen, las cinco organizaciones ecologistas exigen al Gobierno central y las comunidades autónomas una planificación vinculante que garantice una transición urgente, justa y respetuosa con la biodiversidad, y que se tenga en cuenta la visión de las comunidades locales en el proceso de transición energética.
Cambio radical del sistema eléctrico
Las organizaciones ecologistas recuerdan la necesidad de un cambio radical del mercado eléctrico, a nivel nacional y europeo, que asegure la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, proteja la biodiversidad y la prosperidad en el mundo rural, erradique la pobreza energética y apueste de forma decisiva y generalizada por el autoconsumo, las comunidades locales energéticas y, en general, la participación activa de la ciudadanía en la generación, almacenamiento y gestión de la demanda de energía.
El modelo energético vigente, excesivamente centralizado en unas pocas empresas y todavía demasiado dependiente de los combustibles fósiles, es uno de los factores de la actual escalada de precios de la luz y de la pésima noticia de que en España se vuelva a quemar carbón para generar energía eléctrica. Este modelo centralizado busca perpetuarse a través de nuevos proyectos renovables de gran escala, instalados lejos de los puntos de demanda, sin participación ciudadana y, en demasiadas ocasiones, causando un impacto severo sobre el patrimonio natural. Aunque las afecciones ambientales y sobre la salud sean siempre inferiores a los proyectos basados en combustibles fósiles y nuclear, un desarrollo renovable que no se basa en criterios ambientales y sociales cercena innecesariamente las oportunidades del mundo rural y de las ciudades para prosperar gracias al potencial beneficioso de las energías renovables.
Por otro lado, si bien para lograr un modelo 100 % renovable lo más rápido posible es necesario contar con plantas de todos los tamaños, incluyendo los más grandes, las cinco ONG recuerdan que la comunidad científica insiste en la necesidad de que el modelo sea lo más distribuido posible tanto en términos de ubicación y tamaño como en estructura de propiedad.
De hecho, el actual despliegue desordenado y basado en grandes iniciativas de un puñado de empresas está poniendo trabas al necesario y rápido avance hacia un modelo responsable de emisiones cero, sometiendo a las funcionarias y funcionarios públicos encargados de la evaluación ambiental a una presión innecesaria, generando incertidumbre y alarma en la población local, y amenazando espacios de alto valor ambiental.
Al respecto, las organizaciones consideran fundamental que los promotores planteen proyectos viables ambiental y socialmente para evitar que se ralentice el avance hacia un modelo cero emisiones, compatible con la conservación del patrimonio natural y participado al máximo por la ciudadanía. En ese sentido, las organizaciones defienden que una suspensión temporal de autorizaciones no es la mejor herramienta, ya que podría dar continuidad a las energías fósiles y nucleares. Por el contrario, el cumplimiento escrupuloso de los procesos de evaluación ambiental, unido a unas adecuadas planificaciones, deberían de concluir con el rechazo de muchos de los proyectos actualmente en tramitación debido a inasumibles impactos, así como, favorecer la penetración de aquellos proyectos que estén en consonancia con los valores ambientales, sociales y culturales de los territorios.
En este sentido, las organizaciones ambientales, que vuelven a rechazar las presiones de las eléctricas ante las necesarias reformas que han de emprenderse en el mercado eléctrico, la tarifa regulada (la opción más asequible) e incluso el propio desarrollo renovable, apremian a los Gobiernos, nacional y autonómicos, y a las fuerzas parlamentarias, a adoptar y aplicar con urgencia los necesarios cambios normativos que apuntalen la transición ecológica y justa.
Planificación regional vinculante
Las ONG ecologistas reclaman, una vez más, planificaciones energéticas vinculantes -y decisiones consecuentes- que alejen los proyectos renovables de las zonas más vulnerables por sus valores naturales y que aceleren su implantación en las ciudades, en tejados y suelos ya degradados, cerca de los principales puntos de demanda. Estas ordenaciones deben ir acompañadas de una apuesta decidida por el ahorro energético en industrias, empresas y casas; y de herramientas que activen la participación masiva de la ciudadanía en toda la cadena de valor y de toma de decisiones relativas a la energía.
Este cambio de paradigma requiere de respuestas más participativas, coherentes y coordinadas en todos los niveles públicos, y un tejido empresarial plenamente comprometido con el medio ambiente y la población local.
Las tímidas herramientas vigentes hasta el momento, como la zonificación no vinculante que ha puesto en marcha el Gobierno de España o la introducción de la figura de las comunidades energéticas locales sin contar con la regulación necesaria, no están alejando los grandes proyectos de zonas de alto impacto ambiental, ni han incentivado una participación efectiva de la ciudadanía en la transición energética.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reclaman a los poderes públicos y económicos compromiso y contundencia para acelerar una transición ecológica respetuosa con el medio ambiente y que beneficie a la gente.
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