Es necesario y urgente invertir en los humedales españoles para evitar su pérdida

• Ecologistas en Acción alerta de la situación crítica de conservación en la que se encuentran algunos de los 76 humedales del Estado español incluidos en la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar.
• La organización ecologista utiliza como ejemplo el estado actual de tres de los humedales más importantes y de mayor protección: Doñana, Tablas de Daimiel y el Mar Menor.

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero desde hace 51 años. En 1971 la ciudad Iraní de Ramsar 18 Estados firmaron la Convención sobre los Humedales, tratado pionero sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. En la edición de 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas ha comenzado a incluirlo entre sus días internacionales.

España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982, incluyendo en ese momento a Doñana y a las Tablas de Daimiel en la Lista de Humedales de Importancia Internacional. Tras 40 años, ambos están en el Registro de Montreux, que identifica los sitios Ramsar a los que debe prestarse una atención prioritaria con miras a su conservación. Hay un total de 76 humedales Ramsar declarados en España, muchos de los cuales también necesitan urgentemente medidas de conservación.

Los humedales son ecosistemas de importancia fundamental. Contribuyen a la preservación de la biodiversidad, a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo. Incrementan la disponibilidad de agua dulce y enriquecen las economías. La recuperación y conservación en estado favorable de los humedales constituye un objetivo prioritario de las políticas europeas de biodiversidad. Pero, en el mundo, la velocidad de pérdida de humedales es tres veces mayor que la pérdida de bosques. Lamentablemente, en España la situación es poco halagüeña.

La situación de Doñana, por ejemplo, es a juicio de Ecologistas en Acción calamitosa. Ya no recibe aporte hídrico de aguas superficiales, porque el río Guadiamar se desvió hace años para satisfacer la desmesurada demanda agrícola. La planificación hidrológica que está en tramitación no recoge la recuperación de este río ni la del estuario del río Guadalquivir. Así, con las cuencas vertientes amputadas, Doñana solo recoge aguas pluviales. Además, su acuífero subterráneo está declarado sobreexplotado y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló en junio de 2021 que el Reino de España está incumpliendo el derecho comunitario, en particular la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats. El Gobierno andaluz, lejos de cumplir estrictamente el plan de regadíos aprobado en 2014, ahora quiere amnistiar más de 1400 hectáreas ilegales de regadío, generando falsas expectativas de agua en una zona cuya actividad económica y social gira en torno al deteriorado humedal.

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda no se encuentran en mejor situación. El Parque Nacional pasó en agosto pasado por mínimos históricos de superficie encharcada. Apenas 50 hectáreas de las más de 1.780 de lámina de agua tenían algo de humedad. Tras ese momento se pusieron en marcha los pozos de emergencia y ahora dispone de unas 300 hectáreas, muy lejos de lo que le correspondería en esta época del año. Pero el ecosistema sigue sin funcionar sin aportes naturales, superficiales ni subterráneos, y con una creciente extracción de agua de un acuífero ya sobreexplotado y acuciado por los efectos del cambio climático. Los datos son elocuentes: existen más de 50.000 hectáreas de regadío ilegal en la zona sobre un total de 175.000 activas. Las administraciones, especialmente la de Castilla-La Mancha, responsable del crecimiento del regadío, sigue alentando las explotaciones anunciando nuevos trasvases a la llanura manchega, pidiendo la legalización de pozos, reclamando fondos para el regadío a Bruselas y proponiendo nuevos embalses.

Otro buen ejemplo es la situación crítica en la que se encuentra el Mar Menor por la eutrofización, debida a la entrada de fertilizantes de origen agroindustrial del Campo de Cartagena, donde se encuentran cerca de 10.000 hectáreas de regadío ilegal descontrolado. Se repiten constantemente los episodios de muerte de miles de peces y crustáceos en sus orillas por esta causa. A pesar de la necesidad de tomar de manera urgente decisiones políticas para detener este proceso, todavía no se ha puesto en marcha ni el «Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia» ni la «Estrategia de Gestión de Zonas Costeras en el Mar Menor y su entorno». Lo que sí ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia es modificar normativas reduciendo garantías ambientales o derogando otras que establecían limitaciones y exigían medidas concretas al sector agroindustrial, como la Ley 1/2018, para garantizar la sostenibilidad ambiental del entorno del Mar Menor.

A la vista del estado de degradación y situación crítica de estos tres humedales, es fácil deducir el estado general del resto de humedales españoles con una menor figura de protección, en el caso de que la tengan. Por ello, Ecologistas en Acción exige a las administraciones españolas la adopción de actuaciones prioritarias y adecuadas que salven a los humedales de la desaparición y restauren los que se han degradado, revirtiendo así su situación y asegurando la calidad de estos espacios naturales.

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