Se opone al recrecimiento del embalse del Agrio y ha solicitado en sus alegaciones su retirada del Plan Hidrológico del Guadalquivir para el ciclo 2022-2027.
El río Guadiamar, es un área estratégica para la mejora de la conectividad ecológica que pertenece a la Red Natura 2000 que se verá gravemente afectada si se ejecutara el proyecto de recrecimiento del embalse del río Agrio, afluente del Guadiamar. La alternativa de recrecimiento de ese embalse fue propuesta en el segundo ciclo de planificación hidrológica, pero sólo se aprobó un estudio de las posibilidades de recrecimiento y ejecución de obras, con una inversión prevista de 30 millones de euros que se incrementarían en 20 más en el siguiente ciclo de planificación.
Lejos de realizar ese estudio, la propuesta ha vuelto a incluirse en el borrador de la nueva planificación hidrológica del Guadalquivir para el periodo 2022/2027, aunque ahora se trata en una ficha específica que se acoge a las exenciones que posibilita el artículo 4.7 de la Directiva Marco de Agua para las nuevas modificaciones físicas en aguas superficiales. Por ello, en el periodo de información pública para la presentación de alegaciones a la propuesta del tercer ciclo de planificación hidrológica, Ecologistas en Acción ha presentado sugerencias al proyecto de recrecimiento del embalse del Agrio, subrayando el perjuicio que ello supondría para al menos dos espacios protegidos integrantes de la Red Natura 2000, que son el Corredor Ecológico del Guadiamar y el Espacio Natural de Doñana, y modificando hasta cuatro masas de agua superficiales para aumentar la capacidad de embalse e incrementar la garantía de demanda en al menos 8 hm3.
Se evidencia una clara intención de sustituir extracciones subterráneas para aliviar el cono de depresión generado en la zona de Los Hatos conectados con el Espacio Natural de Doñana. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir necesita tomar nota de que en esta zona hay fincas denunciadas reiteradamente por extracción ilegal de agua y con sentencias firmes del Tribunal Supremo que instan al cierre e inutilización de las instalaciones de extracción ilegal, así como multas por afección del Dominio Público Hidráulico que no han sido aún pagadas.
Es, además, sorprendente que la Dirección General del Agua, del Ministerio de Transición Ecológica, haya publicado en el Boletín Oficial del Estado el concurso público para contratar los servicios de redacción del proyecto de construcción del recrecimiento de la presa del río Agrio en Aznalcóllar (Sevilla), sólo un día después de la finalización del plazo de alegaciones al tercer ciclo de la planificación hidrológica. Es decir, los trámites para la ejecución del recrecimiento se encuentran en un momento administrativo avanzado, aún sin haber sido resuelto el procedimiento legal por el cual deberá o no ser aprobada la remodelación de esta infraestructura hidráulica. Para Ecologistas en Acción, esta actitud demuestra la burla y el desprecio a la participación pública del Organismo de cuenca.
De hecho, la licitación del polémico proyecto, aún no aprobado, lleva fraguándose desde mediados del año 2020. La Dirección General de Aguas, reconociendo que “el sistema hidráulico de la presa del Agrio presenta en la actualidad problemas intrínsecos que comprometen su seguridad y que han de ser solventados con urgencia” propuso el diseño de soluciones “que incrementen la seguridad hidráulica y estructural de la presa del Agrio, bien mediante la actuación sobre los criterios de explotación, fijando nuevos resguardos y proponiendo más controles en los vertidos, bien mediante actuaciones estructurales, aumentando la capacidad de evacuación del azud o protegiendo el talud de aguas abajo de la presa de regulación”. Como resultado se publicó en el BOE el día 23 del mes pasado el plazo de presentación de candidaturas para la contratación del proyecto a una empresa, indicando expresamente que entre los trabajos a realizar, está la justificación de la actuación como de “interés público superior” y el estudio de la demanda de los regadíos para los próximos 30 años.
Ecologistas en Acción muestra su preocupación al recordar que este embalse del Agrio, con un volumen de almacenamiento inicial de 40 hectómetros cúbicos, tuvo problemas de avenidas en 1989 que se solventaron con unas obras de emergencia insuficientes y deficientes que redujeron su capacidad a 20’6 hm3. Es por ello que entienden que su recrecimiento no respondería a las necesidades de la agricultura legal, de las masas de agua y de los espacios Red Natura 2000 y, por ende, ni resuelve el problema de fondo del uso ilegal ni del de la sobreexplotación del agua en Doñana.
Para solventar los problemas hidráulicos de la presa, resolver descenso en los aportes hídricos a la marisma de Doñana y atajar el problema que genera una demanda de agua que actualmente se satisface con recursos subterráneos para consolidar su uso privativo, propone al Ministerio de Transición Ecológica, realizar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad hidráulica y estructural del sistema de regulación y suprimir definitivamente el recrecimiento de la presa, reutilizando los fondos previstos para expropiar los derechos de uso privativo y los terrenos de estas fincas agrícolas para recuperar parte de la marisma original con el objetivo de dedicarlas a un uso público y ambiental; la restauración integral de su cuenca en la zona de la marisma y la inclusión en el espacio protegido de áreas como los Garridos, Veta de Alí o Cochinato, situados al norte del Parque Nacional Doñana; y el ordenamiento de los usos actuales y demandas para hacerlas compatibles con el mantenimiento del Espacio Natural, sus valores excepcionales y en beneficio de los agricultores que desarrollan su actividad cumpliendo la legalidad.
Ecologistas en Acción se va a oponer en todos los órganos de participación que se convoquen para parar este recrecimiento del embalse del Agrio, ya que la medida no resuelve el problema de fondo del uso ilegal y la sobreexplotación del agua en Doñana. Insistimos en su eliminación definitiva del Plan Hidrológico del tercer ciclo, y por lo tanto, la revocación de la licitación pública.
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