- Ecologistas en Acción denuncia públicamente el cierre de los caminos públicos, a veces incluso en fincas públicas, en los días en que se celebran monterías, práctica ilegal que sólo busca favorecer al sector cinegético.
Es indignante que cada vez con más frecuencia los miles de senderistas que transitan por los senderos de los parques naturales gaditanos se encuentren con letreros que prohíben el paso por estar celebrándose una montería. Unas veces estos carteles son puestos por las sociedades de cazadores o los propietarios de las fincas por las que discurren los caminos públicos, sin que tengan competencia para ello; otras veces son los ayuntamientos o la propia Junta de Andalucía quienes cierran los caminos públicos para favorecer la práctica cinegética.
Hay que recordar que cuando se autoriza una montería en un monte, los puestos deben estar a la suficiente distancia de cualquier vía de comunicación –carreteras, vías ferroviarias, caminos, vías pecuarias…- para garantizar la seguridad de quienes transitan por las mismas. Son los cazadores quienes tienen que retranquearse de esos caminos públicos para no poner en peligro a sus usuarios, no al revés.
Y esta práctica de cerrar caminos públicos está siendo cada vez más generalizada en la provincia, cercenando el derecho de toda la ciudadanía a transitar por caminos públicos y vías pecuarias. Y lo son con el apoyo activo de casi todos los partidos políticos que gestionan ayuntamientos que tienen montes municipales; y lo es también por la Junta de Andalucía -antes con el PSOE, ahora con el PP-, que cierran montes y caminos públicos en parques naturales para favorecer el desarrollo de las monterías. En esto coinciden plenamente.
Ecologistas en Acción ha planteado en las Juntas rectoras de los parques naturales la obligación de mantener abiertos los caminos públicos, sin que hayamos tenido contestación alguna por parte de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz de la Junta de Andalucía.
Ecologistas en Acción exige que la Junta de Andalucía y los ayuntamientos garanticen el libre tránsito por todos los caminos públicos y vías pecuarias, y actúen ante el cierre de los mismos por parte de diversas entidades cinegéticas.
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