Finalizadas las restricciones de la movilidad por la crisis de la COVID-19, las intensas y prolongadas olas de calor estivales de 2022 han disparado las puntas de ozono, pese a la crisis económica derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania.- El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción concluye que el 99 % de la población y la práctica totalidad del territorio españoles han estado expuestos este año a unos niveles insalubres de este contaminante.
- Gobierno y comunidades autónomas siguen sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que eviten los episodios y reduzcan los elevados niveles de fondo del contaminante más ligado al cambio climático.
El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 490 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, desglosados por comunidades autónomas y localidades.
Entre sus principales conclusiones, destacan:
El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que en verano afecta a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
El ozono sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con las altas temperaturas. Durante 2022, sus niveles han repuntado respecto a los dos años de la pandemia (2020 y 2021) como consecuencia de las tres intensas y prolongadas olas de calor del verano, el más cálido desde al menos 1961, aunque sin alcanzar en general las concentraciones habituales en los años anteriores.
El informe toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2022 a 46,8 millones de personas en el Estado español, el 98,7 % de su población, así como a 503.000 kilómetros cuadrados, el 99,7 % del territorio. Es decir, toda la población española salvo los habitantes del norte de Gran Canaria y de Tenerife y los de las ciudades de Logroño y Pontevedra habrían respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.
Granada es uno de los diez focos principales de contaminación de Andalucía, junto a las zonas industriales de Carboneras (Almería), la Bahía de Algeciras (Cádiz), Puente Nuevo (Córdoba), Bailén (Jaén) y Huelva, la Bahía de Cádiz y las áreas metropolitanas de Córdoba, Málaga y Sevilla, en unos casos por la actividad industrial y portuaria y en otros por el tráfico motorizado.
La mejoría de la situación ha sido notable en la zona industrial de Huelva y las áreas metropolitanas de Granada y Sevilla, con una reducción del número de días con mala calidad del aire del 55%, el 44% y el 40%, respectivamente.
El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, por el incremento de las temperaturas, el alargamiento progresivo de la duración del verano (estimado por la AEMET en un día al año) y la reducción de las precipitaciones, a sumar a otros “inconvenientes” ambientales entre los que en 2022 hay que destacar en España los virulentos incendios forestales.
La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Durante el verano de 2022, el Instituto de Salud Carlos III ha identificado 4.800 muertes atribuibles a las elevadas temperaturas y a la mayor exposición a contaminantes como el ozono. Las personas más afectadas son niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.
El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2% del PIB agrícola.
Andalucía es una de las diez que siguen sin aprobar planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono, son obligatorios según la legislación y el Tribunal Supremo. A instancias de Ecologistas en Acción, los tribunales han sancionado la inactividad de los gobiernos de Castilla y León y Navarra, mientras la de Cataluña y la Comunitat Valenciana está pendiente de sentencia.
En 2021, la Junta de Andalucía ha contratado la revisión de los trece planes de mejora de la calidad del aire de la Comunidad, así como la elaboración de seis planes de acción a corto plazo en las aglomeraciones de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla y en las zonas industriales de la Bahía de Algeciras y Huelva. El objetivo de todos estos planes es establecer medidas específicas para alcanzar los valores límite y objetivo legales para la protección de la salud, incluidos los del ozono, así como el objetivo de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire de alcanzar a largo plazo los valores propuestos por la OMS.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables en sustitución de las fósiles. También es necesario ampliar el Área de Control de Emisiones acordada para el Mar Mediterráneo, crear un Área de Control de Emisiones de los buques en el Océano Atlántico, reducir el tráfico aéreo y evitar nuevas ampliaciones de aeropuertos, y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.
A dos meses para que venza el plazo para que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, pocas han cumplido esta obligación legal, pese a los abundantes fondos públicos que están recibiendo para ello. Ecologistas en Acción pide a los alcaldes que prioricen la salud de sus vecinos sobre cálculos electorales poco justificados.
La crisis de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia ha corroborado que la reducción de las emisiones de precursores sí es efectiva para combatir la contaminación por ozono.
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