La vida silvestre está en grave peligro, así como la famosa Dehesa del Sur Oeste de la península Ibérica. Imitar a la naturaleza en las prácticas agrícolas y ganaderas contribuye en su conservación y recuperación.
Ecologistas en Acción de Extremadura continúa su defensa legal ante la aprobación de multitud de proyectos nocivos para los ecosistemas del territorio. La minería, los megaproyectos fotovoltaicos, la oleada de proyectos de regadío en tierras de secano parecen ser la propuesta de desarrollo económico que promueve, actualmente, la Junta de Extremadura, de la mano de grandes corporaciones y partidos políticos, expertos en agilizar trámites para saquear recursos naturales en territorios poco poblados.
La falta de agua y la pérdida de biodiversidad y fertilidad de los suelos debería ser tratado públicamente, ya que supone un riesgo creciente de pérdida de empleo y movimientos masivos de personas en todo el mundo. Sin agua, ni alimento los territorios se hacen dependientes de la importación y Ecologistas en Acción además de defender los intentos de usurpación, está trabajando para favorecer las redes de apoyo mutuo y recuperación ambiental, con actividades como “La feria del huerto” o “Cada Extremeño un Árbol”, dónde fomenta el intercambio de semillas y saberes populares necesarios para poder adaptar el paisaje y la vida rural, a la desertificación y la incertidumbre climática.
Tras el cambio legislativo para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, Ley 8/2019, del 5 de abril (Referencia: BOE-A-2019-7221), lo que podemos observar es la creciente aprobación de proyectos extractivistas y saqueadores de los recursos naturales que tiene. Extracción de minerales a cielo abierto, campos de secano dónde instalar cientos de hectáreas de placas solares parece ser el nuevo plan de desarrollo extremeño, pero qué pasa con la respuesta ciudadana;
Una vez aprobada esta ley, las empresas interesadas en invertir en este territorio pueden gestionar la tramitación del proyecto sin exposición pública, lo que impide la oposición popular, debido a que cuando los proyectos se publican ya están aprobados y en marcha. Las encinas y olivos centenarios ya están arrancados cuando se percibe un nuevo proyecto de regadío o placas en la región, por ejemplo.
Frente a esta situación de ecocidio que la misma administración pública concede, cientos de extremeños trabajan día a día en nuevos modelos de producción basados en la regeneración, es decir, ejercen su actividad agrícola y ganadera teniendo en cuenta la mejora del ecosistema en el cual están interviniendo.
La agricultura y ganadería regenerativa, la permacultura, el manejo holístico, la implementación de líneas clave, cada vez tiene más sentido en un contexto de inflación y crisis en el sector primario, actualmente dependiente de las energías fósiles y de insumos importados para su desarrollo.
Lo que proponen estas ciencias ambientales sostenibles, es trabajar imitando los patrones de la naturaleza, de tal modo que la fauna y flora silvestre pueda recuperarse y hacer frente a la crisis climática que estamos viviendo, donde la sequía es prolongada y la falta de agua cada vez es más extensa y preocupante y quienes más lo vienen sintiendo son los animales salvajes, que no encuentran agua en kilómetros ya que los arroyos y ríos o están secos o contaminados.
Estas técnicas de manejo que se vienen implementando en todo el territorio extremeño, mejoran las redes de economía verde y circular, que año tras año son más soberanas, es decir, requieren de menor inversión y recursos externos para funcionar y además retienen mejor la humedad y puede hacer frente a la sequía con mayor resiliencia que el paisaje que actualmente tenemos normalizado; el monocultivo. Además de ser más rentables a largo plazo.
El problema más grande con el que se encuentran estos proyectos regenerativos, es la administración pública, que lejos de agilizar los trámites, no ha adaptado la tramitación de altas agrícolas y/o ganaderas a nuevos modelos productivos y sigue favoreciendo el monocultivo (dependiente de maquinaria e insumos externos) y favorece la sobrecarga de ganado. Ni la PAC (Política Agraria Común) ni la OCA (Organismos de Control Autorizado) se adaptan a la transición climática. Y pretenden una transición ecológica basada en la burocracia y no en la acción por el clima real.
¿Para qué tantos congresos, plataformas y comités de adaptación al cambio climático si el cambio de paradigma se está produciendo a nivel familiar y particular, y las corporaciones que más deterioran el medio ambiente pueden seguir operando sin control?
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