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Del Proyecto Castor al H2Med: se repite la historia de proyectos fallidos de Enagás

  • El nuevo proyecto H2Med, que costará más de 2.850 millones de euros, recibe fuertes críticas de organizaciones ecologistas e instituciones científicas y económicas.
  • Un nuevo informe de Ecologistas en Acción desvela las finanzas de Enagás, sus puertas giratorias, el lobby político en las instituciones europeas y la lista de proyectos fallidos que ha acabado pagando la ciudadanía.
El jueves 15 de diciembre se presentó el H2Med en el registro de Proyectos de Interés Comunitario (PCI). Esta nueva propuesta de “corredor verde” –un conjunto de tuberías o hidroductos que transportan hidrógeno (H2)–  se consolida como la apuesta energética conjunta de Portugal, Francia y España. El H2Med, presentado oficialmente el 9 de diciembre en la Cumbre del Med9 en Alicante, será operado y desarrollado por los gestores del sistema gasista. En el caso del Estado español esta función recae en Enagás. Se estima que la infraestructura costará entre 2500 y 3000 millones de euros. Comenzará en Portugal, con el Celorico-Zamora (CelZar), y continuará con el tramo Barcelona-Marsella (BarMar), el supuesto gasoducto submarino.

Los mismos gobiernos reconocen que la urgencia por aspirar a financiación europea está detrás del cambio de nombre y del hecho de que, en teoría, ya no transportará gas fósil sino hidrógeno. Aún así, algunas cuestiones siguen en el aire. Por ejemplo, si este hidrógeno será verde –procedente de energías renovables– o rosa –obtenido de energía nuclear francesa–. Igualmente abierta queda la valoración de si este proyecto es la adecuada respuesta a los retos energéticos y climáticos de la Unión Europea (UE) o es otra iniciativa destinada al fracaso a sumar a la lista de proyectos fallidos de Enagás.

Ecologistas en Acción advierte de que hay suficientes indicios para respaldar la última opción. Muchos de estos ya eran palpables en el anterior planteamiento del gasoducto BarMar, que ahora pasa a ser solo uno de los dos tramos del proyecto H2Med. Algunos de los argumentos cuestionando estos proyectos ya fueron expuestos por Ecologistas en Acción y otras organizaciones recientemente. A sus críticas se unen las declaraciones del instituto de investigación independiente Hydrogen Science Coalition y del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) que destacan sus dudas de viabilidad tanto a nivel científico como económico.

A la luz de un nuevo informe de Ecologistas en Acción titulado ‘Las finanzas del gas. Desvelando la cara oculta de Enagás’, cabría cuestionarse si este modelo de megainfraestructuras, que en opinión de la organización ecologista solo revierten en beneficios de las empresas gestoras de la red gasista, es viable y rentable para el conjunto de la ciudadanía.

El informe rescata, además, el historial de activos varados y de cuestionables proyectos de evaluación de viabilidad económica e impacto ambiental que han terminado en desastres. Este es el caso del sonado caso Castor (1.350 millones de euros), el controvertido PIM en México, relacionado con violaciones de los Derechos Humanos, los nuevos proyectos MidCat/BarMar/H2Med, así como el caso de la regasificadora de El Musel que no ha entrado nunca en funcionamiento y ya ha costado más de 283 millones de euros.

También se analiza el enorme trabajo de presión que ha ejercido Enagás sobre las instituciones europeas y estatales. El gasto en lobby de la empresa ha ido aumentando significativamente a lo largo de los años, llegando al máximo histórico de 200.000 euros, coincidiendo con las negociaciones del paquete Fit for 55 y el REPowerEU.

El informe denuncia que Enagás ha crecido gracias a la estrecha relación que guarda con el poder político. Son significativos los 18 casos de puertas giratorias contabilizados. El más reciente es el caso del nuevo CEO de la empresa, Gonzalo Aizpiri, antiguo director de Repsol con vinculaciones con el gobierno del PSOE. Estos casos no hacen más que poner de manifiesto cómo la connivencia del poder político y económico, gracias a la “arquitectura jurídica de la impunidad”, genera que el negocio se blinde y pase por encima de los derechos fundamentales de las mayorías sociales y de la propia democracia.

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