Setenta vecinos y colectivos de diversas localidades del sur de Madrid presentaron el pasado mes mayo una denuncia por delito de contaminación y contra los recursos naturales ante la Fiscalía Delegada de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En la denuncia se recogen detalladamente las pruebas de las numerosas supuestas irregularidades cometidas en la gestión del vertedero de Pinto/Getafe, graves incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada, otorgada por la Comunidad de Madrid, que estarían suponiendo un grave problema para la salud de las personas y para el entorno natural del vertedero, ubicado en el espacio natural protegido del Parque Regional del Sureste.
Las numerosas irregularidades denunciadas afectan tanto a las emisiones a la atmósfera (ya destapadas por la Agencia Europea del Espacio con el escándalo de la emisión sin control de metano), como al problema de los lixiviados, líquidos tóxicos generados por la descomposición de la basura. Por ejemplo, a fecha de hoy no está construida todavía la nueva planta de depuración de lixiviados que se exigía en el permiso que otorgó en 2018 la Comunidad de Madrid para la elevación de la altura de la montaña de basura en 12 metros. Cuatro años después, ya con la elevación del vertedero consumada, sigue sin cumplirse esta condición obligatoria, almacenándose los millones de litros de lixiviados en una enorme balsa a la intemperie, responsable de liberar los olores nauseabundos e insalubres que llegan diariamente a las localidades del sur de Madrid.
La Fase IV del vertedero de Pinto, a pesar de ser construida contra reloj e incumpliendo el condicionado de la autorización pertinente, sigue sin estar todavía operativa. Una visita al vertedero permite comprobar cómo, al no estar este nuevo vaso todavía operativo, se está llevando a cabo desenterramientos y movimientos de basura de una zona del vertedero a otra, en un intento de ganar espacio y tiempo ante el inminente colapso. Todos estos movimientos de basura que ya se encontraba enterrada hace años, incrementan los continuos episodios de malos olores que llegan a los municipios cercanos.
Dos son los órganos con competencia sobre la gestión del vertedero, por un lado, la Mancomunidad del Sur presidida por la actual alcaldesa de Getafe, y por otro la Consejería de Medio ambiente, Vivienda y Agricultura, a quien corresponde la vigilancia, inspección y sanción de las presuntas irregularidades que se estarían cometiendo.
A la denuncia social de los colectivos y personas afectadas, se abre ahora este proceso jurídico de manera que se depuren responsabilidades y se aborde, de una vez por todas, las gravísimas irregularidades de esta enorme instalación que lleva ya cuatro décadas degradando la Salud y el Medio Ambiente del sur de Madrid, y que no debe ser de ninguna manera de nuevo ampliada ni prorrogada, tal como pretende la Mancomunidad del Sur con su proyecto de 6 nuevas Macroplantas. Un proyecto cuyos trámites siguen adelante con el silencio cómplice de los políticos que lo promueven, y a pesar de la frontal oposición de los vecinos y movimiento social del sur de Madrid.
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