El ayuntamiento obliga a ‘Firmes y Carreteras’ a retirar escombros y materiales de una parcela en las Dunas de San Antón

Tras tres años de denuncias, por fin el Ayuntamiento de El Puerto ha actuado contra el almacén ilegal de escombros y materiales de construcción ubicado en una parcela de las Dunas de San Antón.
Ante la inacción municipal, Ecologistas en Acción de El Puerto ha tenido que acudir al Defensor del Pueblo Andaluz para que el ayuntamiento abriera un expediente a la empresa «Firmes y Carreteras», que ha venido utilizando desde hace años una parcela ubicada en terrenos de especial protección para el depósito de escombros y materiales de construcción.
La empresa tiene un mes de plazo para retirar los materiales depositados ilegalmente.

La parcela se encuentra rodeada de pinos y protegida como Sistema General de Espacios Libres Dunas de San Antón, o sea, un terreno destinado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a parque público, pero que por la desidia municipal ha permitido que durante 30 años siga en manos privadas, incumpliendo la obligación de su adquisición, bien por expropiación o por permuta. Un suelo clasificado como suelo no urbanizable de especial protección, tanto en el PGOU en vigor de 1992 como en el anulado de 2013, se ha utilizado como escombrera y almacén de materiales de construcción sin que ni el área de Medio Ambiente ni el departamento de Disciplina Urbanística del área de Urbanismo, hayan realizado gestión alguna para sancionar a los responsables y recuperar este terreno protegido. Es especialmente inadmisible la incompetencia y la complicidad de los responsables del área de Medio Ambiente que han permitido esta ilegalidad a la vista de todos.

Ante esta inactividad (llegamos a informar en el Consejo Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad), Ecologistas en Acción denunció en 2019 ante el ayuntamiento esta ilegalidad, sin obtener respuesta alguna a pesar de ostentar la condición de parte interesada en el procedimiento, por lo que en enero de 2022 procedimos a cursar queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que tras admitirla a trámite requirió al ayuntamiento que le informara al respecto.

La respuesta del ayuntamiento para justificar su ineficacia e inactividad es rocambolesca: por un lado indica que Disciplina Urbanística cursó oficio a la Policía Local para que le informara de los hechos denunciados, desentendiéndose del seguimiento de la denuncia; y por otra parte la Policía Local, en una respuesta igualmente desconcertante, responde que no le constaba dicha solicitud de información. Si nuestra asociación no llega a intervenir con su queja ante el Defensor del Pueblo, aquí hubiera terminado la historia, con un incumplimiento flagrante más de la obligación de exigir el cumplimiento de la legalidad.

Ahora han tenido que activar la maquinaria administrativa para corregir esta actuación ilegal que han permitido durante años, y aunque ya no puede sancionarse por haber prescrito la infracción, si se ha abierto un expediente de protección de la legalidad para reponer la realidad física alterada y limpiar la parcela de escombros.

Finalmente, el 30 de enero de 2023 y como consecuencia del expediente incoado, se ha ordenado a la empresa Firmes y Carreteras para que en el plazo de un mes proceda a la retirada completa de todos los materiales depositados, con el apercibimiento de la imposición de multas coercitivas y la ejecución subsidiaria. Esperemos que se cumpla esta medida y no tengamos que seguir exigiendo la debida actuación municipal.

Es lamentable la permisibilidad existente en este ayuntamiento a la hora de vigilar los incumplimientos e ilegalidades en materia urbanística. En este caso, una actividad sin licencia alguna se ha venido desarrollando durante más de 10 años a la vista de todos, haciéndose la vista gorda, seguramente por tratarse de una empresa que da servicio al propio ayuntamiento, con el agravante de realizarse en un terreno protegido como son las Dunas de San Antón. También es inadmisible el que se denuncien unos hechos y quede paralizado el expediente, teniendo que intervenir el Defensor del Pueblo para que se active tres años después de la denuncia.

No es de extrañar el desastre urbanístico que padece la localidad desde hace décadas, teniendo bien ganado el apodo de ciudad sin ley.