- El Tribunal Constitucional paraliza cautelarmente la demolición de la urbanización Isla Marina de Valdecañas. Esta cautela no se aplicó para su construcción, a pesar de que tuvo lugar tras una sentencia que declaraba ilegal el complejo.
- Ecologistas en Acción señala la indefensión jurídica y las grandes dificultades para que se cumpla la normativa ambiental cuando se unen los intereses de los poderosos con una Administración empeñada en favorecerlos aun a costa de vulnerar su propia normativa.
- La medida cautelar del Tribunal Constitucional supone un retraso de la inexorable demolición de la urbanización ilegal. Valdecañas es un paradigma de la vulneración flagrante de la legislación, con leyes y medidas a la carta para sortear sentencias judiciales.
Apenas horas después de la filtración de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado la paralización cautelar del derribo de la polémica urbanización Marina Isla Valdecañas, voces ecologistas de la región afectada y de todo el Estado se posicionan en contra de la resolución. “El Tribunal no solo demuestra así que no entiende la realidad territorial, sino que no le importa el tremendo impacto sobre el medio ambiente del proyecto ni el precedente tan peligroso que sientan”.
El proyecto de resort, que lleva más de dieciséis años inmerso en procesos judiciales de la mano de los abogados de Ecologistas en Acción, había sido emplazado para su derribo en una sentencia histórica del Tribunal Supremo de febrero de 2022. El derribo se había acordado en tribunales tras un demoledor informe de la Estación Biológica de Doñana, un órgano dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se aconsejaba esa actuación, para la mejor protección posible del entorno. Otros de los factores clave en la decisión fueron la pertenencia de la zona a la Red Natura 2000, así como la proximidad relevante de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Ecologistas en Acción considera “tremendamente frustrante” lo sencillo que resulta para los promotores, y una administración autonómica empeñada en ignorar su propia normativa, paralizar la ejecución de una sentencia que no les resulta favorable. En palabras del propio Constitucional esto se justifica porque “una eventual estimación de los recursos de amparo sería meramente declarativa y tardía”. Sin embargo, cuando la organización ambiental, tanto en el marco de este mismo procedimiento como en muchos otros, solicitó la paralización cautelar de las obras, los tribunales se negaron y se niegan recurrentemente a aplicar el mismo criterio de prevención y de garantía de cara a la posible sentencia.
Ecologistas en Acción recuerda que, cuando se solicitó la paralización de la obras de Valdecañas (la ejecución de una sentencia de 2011 que ya había sido ganada por los colectivos ecologistas), el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura exigió una fianza de 41 millones de euros, una cantidad absolutamente desorbitada que se justificaba según el tribunal por la posible pérdida patrimonial que supondría parar las obras para la constructora si, en caso de que el recurso planteado por la misma prosperase, la paralización fuera “para nada”. Cabe preguntarse si en esta ocasión, en la que lo que está en juego es el bienestar del medio, del planeta y de las generaciones presentes y futuras que habitan la zona, en vez de un mero perjuicio económico, se ha exigido una caución a la constructora por el indudable daño que supondrá la paralización del derribo.
Nino Trillo-Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Es preocupante que, después de 16 años de procedimiento y varias sentencias que declaran la ilegalidad de la urbanización dentro de un espacio protegido de la Red Natura, se suspenda la ejecución de estas sentencias, contradiciendo la propia doctrina del Tribunal Constitucional para este caso. Esto vuelve a poner en peligro nuestros espacios protegidos”.
Jaime Doreste, también abogado de la organización ecologista, ha concluido: “Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes hechas a la carta a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad. Sería un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados».
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