- Corresponde a los ayuntamientos asegurar el suministro de agua y, dada la situación de Zahora, El Palmar y Caños de Meca, hacerlo con cubas seguras, limpias y con agua potabilizada.
- Son las administraciones públicas las primeras responsables de la falta de suministro, saneamiento y depuración del agua en esta zona de la Janda litoral.
Es ya de sobra conocido que en el litoral gaditano, poblaciones como El Palmar (Vejer), Zahora y Caños de Meca (Barbate), carecen, en gran medida, de suministro, saneamiento y depuración del agua, servicios que necesitan sus poblaciones (multiplicadas por cinco en verano) para uso en viviendas, restauración y negocios de hostelería.
No es un problema nuevo, viene ocurriendo desde hace más de 25 años, sin que ningún responsable político haya podido/querido solucionarlo. Estas poblaciones, tan de moda y tan visitadas, tienen una situación de urbanismo y de servicios públicos completamente descontrolada, cargada de incumplimientos y de irresponsabilidades.
Pero lo que presenta novedad es la angustiosa situación hídrica de la zona, el desaforado incremento de población en verano, y la construcción y el alquiler sin regulación. En este año 2023 con la intensa sequía y el cambio climático insistente, la falta de agua se ha convertido en un problema estructural.
Desde hace más de 8 años, ha habido empresarios (el conocido como El Pipa y otros) que, conociendo el problema, han encontrado un nicho de negocios y, lo que las administraciones públicas no han hecho, lo están paliando ellos de manera marginal y dudosamente legal. Llevan años vendiendo cubas de agua, que todos hemos visto circulando continuamente por las carreteras de Chiclana y la comarca de La Janda, que extraen de comunidades de regantes según informaciones del SEPRONA, y de otros pozos del acuífero Puerto Real Conil y del acuífero de Vejer. El suministro con las cubas conllevará el correspondiente cobro por el servicio prestado. En definitiva, se comercializa con el agua, aunque esté prohibido, ya que el agua es un DERECHO.
La Directiva Marco de Agua europea indica en uno de sus principios que el agua no es un bien comercial. En el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. Ese compromiso fue ratificado por las Naciones Unidas en su Resolución 64/292, que reconocía explícitamente esos derechos para todo el mundo.
En Andalucía, la Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, en su Disposición final cuarta modifica la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, para introducir la Disposición adicional decimosexta que ampara la garantía y protección del derecho humano al agua entendido como el acceso universal, de carácter domiciliario y a un precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para atender las necesidades básicas, así como al saneamiento.
Por tanto, desde ENEBRO-Ecologistas en Acción no podemos defender la comercialización especulativa del agua, pero entendemos que la paralización del suministro privado por cubas hace que los vecinos se encuentren en una situación de indefensión, sin suministro, ni público ni privado, ni legal ni ilegal. Sin agua.
Ante esta situación, resulta imprescindible:
- Asegurar el suministro hídrico a la zona. Son los ayuntamientos los que tendrían que estar realizando el suministro y buscando cubas seguras, limpias y que carguen agua potabilizada.
- La regularización urbanística, de la construcción y parcelación desaforada de la zona, ya que muchos vecinos recurren a las cubas privadas por su situación urbanística irregular.
- Ordenar el turismo incontrolado que sufre Zahora y El Palmar, como otras zonas turísticas, obligando a darse de alta a quienes se dedican al alquiler, limitando el acceso a las playas en coche y asegurando el carácter rural que todavía conserva la zona.
- Iniciar la construcción de la depuradora El Palmar-Zahora-Los Caños para poder completar el ciclo del agua, y que parte de los costes recaiga en los usuarios y beneficiarios.
Y hay que rechazar los proyectos urbanísticos especuladores del ayuntamiento barbateño, como es el caso del Área de Oportunidad Turística Trafalgar–San Ambrosio. La necesidad de ordenar urbanísticamente estas poblaciones vejeriegas y barbateñas no puede servir de coartada para amparar desarrollos urbanísticos indeseables.
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