Ante la respuesta evasiva de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), presidida por Juan Antonio Gisbert, la Colla Ecologista-Ecologistes en Acció d’Alacant presentó una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el cual acaba de instar a la APA a remitir la información solicitada a la parte solicitante.
En noviembre del 2020, y habiendo detectado una notable falta de transparencia de la APA en diversos asuntos, la Colla Ecologista-Ecologistes en Acció d’Alacant se dirige a la APA pidiéndole que haga pública una serie de informaciones, entre estas las actas del Consejo de Administración así como el importe de las dietas devengadas y abonadas a los miembros integrantes del mentado Consejo.
La APA ha aprobado diversos proyectos gravemente perjudiciales para el medio ambiente y la salud de los vecinos/as próximos al Puerto, que en realidad es toda la ciudad de Alicante, dado el carácter urbano del Puerto, como la concesión de Terminales Marítimas del Sureste para implantar una instalación de almacenamiento de seis grandes silos de 109.000 m³ de distintos hidrocarburos, un movimiento de 300.000 m³ al año, a menos de 850 m del casco urbano o para instalar un restaurante en el Faro del Cabo de la Huerta, que han sido bastante opacos. El comportamiento de la APA y del Sr. Gibert en su Presidencia no es nada transparente.
La APA contestó dos meses más tarde de forma evasiva, denegando el acceso a las actas y al importe de las dietas. Según la APA, los acuerdos sí están publicados y son accesibles a la ciudadanía, mientras que no tienen obligación de publicar las actas; en cuanto al importe de las dietas, recurren a la protección de datos, la cual eximiría de revelar la identidad de las personas beneficiarias.
En esta respuesta, el Puerto de Alicante parece olvidar que es una organización administrativa, y por lo tanto que lo que se decide en su seno tiene carácter público. Se trata de un órgano colegiado con funciones públicas directivas y los participantes del Consejo de Administración acuden a este órgano en representación de colectivos (administraciones, asociaciones empresariales, sindicatos…). No son por lo tanto personas físicas que acuden a este órgano para defender intereses particulares, y es por ello que las actas del Consejo de Administración, así como el importe de las dietas devengadas y abonadas a los miembros, entre otras informaciones, deben ser de público acceso. En su defensa, la APA arguye que sí existe en su página web información de acceso público, pero lo cierto es que la poquísima información que hay está desperdigada, precisamente para evitar su acceso, y además es claramente incompleta. De hecho, el enlace que debería conducir al portal de Transparencia no lleva sino a la nada.
Negándose a hacer pública la totalidad de la información solicitada, la APA incumple la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública. Ante la respuesta evasiva de la APA, Ecologistes en Acció d’Alacant efectuó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), poniendo en su conocimiento la solicitud efectuada así como la insuficiente respuesta obtenida por parte de la APA. En esta reclamación, se pone de manifiesto el incumplimiento de la normativa, y se recuerdan las múltiples resoluciones del CTBG sobre las actas de diversas Autoridades Portuarias (Gijón, A Coruña, Barcelona, Vigo, Baleares), en algunos casos con sus correspondientes resoluciones judiciales, en las cuales se rebaten muchos de los argumentos que exponen las diferentes Autoridades Portuarias y van en la línea de lo que el grupo ecologista solicita.
Por fin, hace unos días llegó la resolución de la CTBG, la cual da parcialmente la razón al grupo ecologista: la APA deberá remitir a la parte solicitante las actas y acuerdos del Consejo Administrativo del 2015 al 2020, así como informar del importe de las dietas disfrutadas entre el 2015 y el 2020. Esta pequeña victoria, que vivimos como un gran logro por todas las dificultades encontradas, da que pensar, porque lo que acaba de ser concedido es algo que debería estar en la base de las instituciones políticas democráticas: transparencia. Que haya que luchar tanto para obtener una mínima verdad sigue y seguirá siendo, aparte de escandaloso, surrealista.
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