El Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado a Ecologistas en Acción que ha requerido por dos veces al ayuntamiento de El Puerto que le informe de las actuaciones que ha adoptado para sancionar el vertido ilegal de miles de toneladas de escombros en la finca del Rancho Linares. A ninguno de los dos requerimientos ha respondido el ayuntamiento.
Ecologistas en Acción denunció en mayo de 2020 al ayuntamiento de El Puerto el vertido de unas 13.000 toneladas de escombros en el bosque del Rancho Linares, procedentes de la demolición de la Residencia del Tiempo Libre de Cádiz. El Área de Medio Ambiente se inhibió, y Urbanismo le impuso a la empresa DAYTA S.L. -contratada por el Grupo Q- la ridícula multa de 674 euros por carecer de licencia de obras. En ningún momento se le ha exigido a la empresa la retirada de los escombros y la restauración de la zona a su estado original, que es obligación legal.
Ecologistas en Acción reiteró la denuncia en diciembre de 2020, dirigiendo al alcalde Germán Beardo un informe en el que se detallaban las irregularidades detectadas en la actuación de las áreas de Medio Ambiente y de Urbanismo. No tuvimos contestación, por lo que Beardo se ha convertido en cómplice de las irregularidades cometidas
Ante esta grave negligencia de los responsables municipales, remitimos el pasado mes de enero una Queja al Defensor del Pueblo Andaluz, que nos comunicó que “Tras conocer la denuncia de una asociación ecologista sobre el estado en que se encuentra la zona forestal conocida como Rancho Linares, en El Puerto de Santa María, se ha incoado actuación de oficio para esclarecer los hechos denunciados e impulsar la adopción de medidas que resuelvan la problemática”. El Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, se ha dirigido en dos ocasiones al ayuntamiento de El Puerto demandando que “nos aporte cuanta información disponga en la tramitación de los expedientes administrativos que han debido incoarse tras la denuncia de Ecologistas en Acción”.
Ante la falta de respuesta, el Defensor del Pueblo nos ha comunicado que “Como le indicamos en su día, con fecha 2 de febrero de 2021 solicitamos al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que nos informara acerca de los hechos que usted nos comentó y que dieron lugar a la queja arriba señalada. Sin embargo, hasta la fecha no hemos obtenido respuesta de tal organismo. Por ello, le hemos dirigido un nuevo escrito reiterándole el requerimiento que le hicimos”. Beardo sigue sin contestar.
Ecologistas en Acción considera inadmisible el conjunto de ilegalidades y despropósitos cometidos por los máximos responsables municipales en relación con el proyecto de urbanización del Rancho Linares y el vertido ilegal de miles de toneladas de escombros en esa finca.
Beardo tiene que dar la cara y explicar por qué ampara tantas ilegalidades, y por qué no responde a las denuncias de Ecologistas en Acción, ni a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Beardo debería recordar los numerosos procedimientos judiciales incoados, algunos con sentencias condenatorias firmes, a un predecesor suyo y a varios concejales por prevaricación por omisión, o sea, por no actuar ante ilegalidades denunciadas.
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