Ecologistas en Acción ha comparecido en las Cortes de Aragón para presentar sus aportaciones al Proyecto de Ley de regulación del Impuesto Medioambiental de las Aguas Residuales (IMAR), en el trámite de audiencias legislativas.
En la exposición se ha indicado que Ecologistas en Acción es parte activa de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) desde el mismo momento de su constitución como espacio que aglutina el trabajo de diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que coinciden en una visión del agua como bien común y servicio público que debe mantenerse siempre al margen de las directrices de los mercados.
Enfrentar la adecuada financiación del PASD (Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración) es un objetivo que todavía está lejano en el horizonte por cuanto entendemos que no se ha hecho frente de manera adecuada a los errores en que la administración autonómica ha incurrido desde 2008.
Se coincide con la RAPA en los siguientes puntos:
- El IMAR sigue siendo el impuesto vinculado a la depuración más caro de España, con la cuota fija más alta.
- Se sigue sin poner un tope a la posibilidad de aumentar las tarifas del impuesto.
- Se quiere penalizar dos veces a la población que ya soporta tarifas progresivas por los servicios que recibe.
- La oposición del Gobierno de Aragón a cobrar tarifas distintas en función de los servicios que presta genera agravios comparativos entre las poblaciones.
- La aportación como “cuota de corresponsabilidad” de la ciudadanía no debería superar los 5 €/habitante/año.
Es importante separar el IMAR entre una tasa y un impuesto ecológico, con unas imposiciones lógicas y progresivas atendiendo a la actividad industrial o doméstica, y en este último caso en función del número de integrantes de la unidad familiar.
También se ve adecuado reducir el importe de la tasa en aquellos municipios que gestionan sus depuradoras, con el objetivo de incentivar el buen uso del agua por parte de los usuarios.
Durante la comparecencia se ha hecho ver el trato desigual que, en opinión de la organización, se ejerce sobre los aragoneses al hacer recaer este impuesto sobre el consumo urbano ignorando otros tipos de consumos procedentes de abastecimientos municipales que no tributan por el agua consumida, tal como sucede con instalaciones agro-ganaderas.
Las instalaciones de producción industrial intensiva de animales (cerdos, vacas, aves, etc.) son grandes consumidores de agua a la que producen una intensa contaminación de difícil gestión posterior. Una vez contaminada el agua, repercute en la contaminación de los acuíferos al aplicarse sobre cultivos los purines producidos. El número de zonas vulnerables a la contaminación y las repercusiones a la salud humana y afecciones de difícil solución, como el suministro de agua potable, crece de forma continua.
No se puede entender que este uso del agua y la actividad industrial de la ganadería intensiva estén exentas de pagar el actual ICA, mientras que por otra parte todos los ciudadanos se ven obligados a pagar este impuesto por utilizar el agua con el fin de tener una vida saludable, que es un derecho natural e inseparable recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se entiende que una actividad mercantil que usa y contamina una enorme cantidad de agua esté exenta de impuesto que grava a los ciudadanos por el simple hecho de utilizar el agua para vivir.
Este mismo argumento sirve para las explotaciones agrícolas de regadío en zonas tradicionales de secano, con un enorme consumo de agua incompatible con el escenario de emergencia climática y escasez de agua que tenemos en la actualidad, y que lleva a las administraciones a crear proyectos de embalses insostenibles medioambientalmente, además de letales para el territorio, como Biscarrués, Mularroya, etc.
Por ello estas actividades deben asumir un impuesto ecológico, por una cuestión de equidad y justicia elemental. Es profundamente injusto que los mayores contaminantes de las aguas repercutan en la sociedad los costes de tratamiento del deterioro ambiental que producen con su actividad. Es inadmisible desde todo punto de vista que la cuenta de resultados de las grandes empresas del sector agro-ganadero se engorde a base de excluir del precio de su producto el coste del tratamiento de sus residuos.
Ecologistas en Acción apoya la ganadería extensiva en Aragón, ya que contribuye a mantener los paisajes y ecosistemas, integrándose con la agricultura de manera sostenible, y manteniendo un mundo rural vivo a partir de su relación directa con la economía y la sociedad local, a diferencia de la ganadería industrial, vinculada a insumos externos como la soja transgénica procedente de Sudamérica y a la exportación internacional. Coincidimos con quienes creen que la ganadería extensiva genera más empleo y posibilita una puesta en valor local y de proximidad.
Con respecto a la situación de las instalaciones de depuración se hecho notar que, a pesar de haber cambiado el método de concesión de obra pública por el de contratación directa, el cambio de métodos de depuración no ha sido sustancial y falta apoyo a la autonomía municipal para que pueda prestar con calidad uno de los servicio esenciales de su competencia.
El sistema aragonés de depuración ha demostrado con los años un grave error de diseño: no deben olvidarse los casi treinta millones de euros detraídos de los fondos públicos para la depuración de aguas del Pirineo, destinados para la construcción de 4 plantas de tratamiento de purines (Capella, Valderrobres; Peñarroya de Tastavins y Zaidín) sobre las que gravitan todas las dudas sobre su posibilidad real de funcionamiento, y que corren el peligro de ser otro sumidero más de dinero público puesto a disposición de grupos empresariales que pervierten la idea de colaboración público-privada hasta convertirla en una deriva de fondos públicos.
También se ha instado a que en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración se deseche el modelo de depuradoras intensivas, más pequeñas pero con alto coste de construcción y mantenimiento, y se apueste decididamente por la depuración extensiva en todas sus modalidades. Hoy esta opción solo se está implementando en algunos municipios gracias a la voluntad de sus concejos, y no tanto al asesoramiento del Instituto Aragonés del Agua, que mantiene en lo sustancial el mismo esquema de gestión.
Es muy importante que se establezcan adecuados métodos de control y auditoría de las depuradoras, para asegurar que su funcionamiento y mantenimiento sean los adecuados.
En la parte final de la exposición se ha mostrado el desacuerdo con la gobernanza que desde el gobierno aragonés se está aplicando en la gestión del ciclo integral del agua, siendo fieles a los principios de la Ecología Social que dan razón de ser a nuestra organización.
La mayor garantía de una prestación de unos servicios de calidad a la ciudadanía es el funcionamiento de un estatuto de la función pública sólido. Este tiene que contar con un cuerpo de profesionales situados lejos de los vaivenes de los intereses de partidos políticos y grupos empresariales, que han demostrado tender a convertir los servicios básicos de agua y saneamiento en sujeto de las leyes del mercado.
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