Debemos creer firmemente en la salvaguarda y conservación de los espacios públicos en nuestras ciudades, dadas las continuas usurpaciones que soporta, unas veces con descaro, otras con excusas varias, pero todas en detrimento de los derechos ciudadanos, a disfrutar entornos saludables, bellos y seguros.
Desde siempre las terrazas de los bares han formado parte del entramado urbano de las ciudades, de un modo ordenado y respetuoso con los peatones, en lugares donde no obstaculizaban el paso de estos.
Fue, con la aprobación de la Ley 42/2010 llamada antitabaco, cuando los políticos de turno, abrieron el melón para compensar a la hostelería, autorizando la ampliación de terrazas por doquier, sin control alguno, perjudicando el trasiego habitual de los vecinos, y privatizando de facto, el espacio público.
Ahora, con la excusa de la covid-19, la usurpación del escaso espacio disponible, sobre todo en calles estrechas, se ha visto aumentada considerablemente, hasta el punto de saltarse toda la normativa existente al respecto, en beneficio de unos pocos y perjuicio del resto de la población, que encuentra mermada su utilización y disfrute. Así, la Orden VIV/561/2010 del Mº de la Vivienda “que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización del espacio público urbanizado”, en su artículo 5.2.b establece que la anchura mínima libre, para la circulación de los peatones debe ser como mínimo 1,80 m, entre otros motivos, para poder circular libremente las personas discapacitadas, así como también indica la altura mínima con respecto al suelo, de las sombrillas instaladas en las mencionadas terrazas que será de 2,20 m.
Por otra parte, en relación a Aranjuez, su ordenanza referida a instalación de terrazas, publicada en el BOCM nº 70 de 23/3/2013 su artículo 17.1 establece que, para autorizar una terraza en la acera, ésta debe de tener como mínimo un ancho 3,70 m, debiendo dejar, en todo caso, una anchura mínima para circulación de peatones de 1,50 m. Como puede observarse, contraviene la orden antes indicada, de superior rango jerárquico y administrativo.
Con la normativa presente, y la invasión actual de las terrazas en Aranjuez, desde el grupo ecologista nos preguntamos ¿Por qué permite el Ayuntamiento esta violación de las normas establecidas, en perjuicio de la gran mayoría de vecinos, al tener que ir sorteando obstáculos en la acera, con pérdida considerable en su derecho y utilización del suelo público, que debiera ser compartido en concordia y respeto, pero nunca de manera hegemónica, por el gremio hostelero?
En otro orden, pero compartiendo tesis similares, el grupo ecologista local no entiende ni mucho menos acepta, la desmedida proliferación por el entorno municipal urbano o fuera del mismo, de todo tipo de vallado, lonas, rótulos o carteles publicitarios, sean de pequeño formato o grande, referidas a intervenciones de las administraciones públicas, concluidas hace tiempo, o la promoción directa de locales privados, ambas cuestiones, con el marchamo común de la privatización del espacio público, es decir la ocupación de terreno, con/sin permiso municipal, de lugares de interés histórico urbano, ambiental, monumental, en definitiva paisajístico y cultural.
Estamos convencidos de que, detrás de toda esta ocupación de los espacios públicos, existen intereses privados, relacionados con el deliberado “olvido” en la retirada del cartel, una vez terminada la obra concreta; en la propaganda y difusión de todos los agentes intervinientes, léase organismo promotor de la misma y empresa operadora o constructora.
¿Por qué no actúa la administración y el gobierno de la ciudad, ante esta continua afrenta contra el interés general, a disponer de un entorno o paisaje sin vallado obsoleto y libre de reclamo publicitario?
Desde Ecologistas en Acción de Aranjuez, no estamos en contra de las terrazas de los bares en las calles, siempre que se respeten las normas existentes y apele al sentido común de la convivencia entre vecinos. Tampoco negamos la publicidad puntual ante cualquier intervención en la vía o espacio público, porque forma parte de la información que debemos tener los ciudadanos ante cualquier actuación en el casco urbano y fuera de él, estando la administración competente obligada a proporcionar los detalles, pero insistimos, terminada ésta (la obra), deben ser retirados todo tipo de residuos de la vía pública, incluidos los publicitarios. No aceptamos por ser descaradamente ilegal (Art. 6.18. Libre de Vías y Aparcamientos del PGOU), cualquier tipo de propaganda privada en espacios protegidos de Sotos y Paseos históricos y/o ámbitos amparados por la declaración de Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad y protección del Patrimonio Histórico-Artístico; existen para difusión de tales actividades comerciales, otros medios.
En definitiva, demandamos una implicación mucho mayor del gobierno actual, que para eso está y recibe importante retribución, en el cuidado y conservación del patrimonio de Aranjuez tan poco valorado y amenazado constantemente, por los altos valores históricos, naturales y culturales que representa, dando ejemplo y reparación, ante las graves y permanentes (elevadas a infinito en algunos casos), situaciones denunciadas en este escrito.
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