- El portavoz de Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha comparecido ante la Comisión de Politica Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua para valorar el contenido del Decreto-ley 4/2021 de simplificación administrativa en materia de medio ambiente, medio natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental, propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, que se tramita finalmente como Proyecto de Ley número 10 de 2021, con lo que es susceptible de recibir enmiendas.
El primer reproche se ha dirigido contra el uso excesivo del Decreto-Ley, por parte del partido del Gobierno Regional, como fórmula habitual para modificar la legislación ambiental, ya que esta opción reduce la transparencia, la legitimidad y la eficacia, al evitar la participación pública y los informes de los órganos consultivos, que en una tramitación ordinaria evitan, por ejemplo, choques competenciales como el que adolece el texto analizado.
Además, se ha calificado de inadecuado el utilizar la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID19 como excusa para utilizar esta vía de urgencia, cuando los cambios propuestos no tienen relación con dicha causa o sus efectos. Así han recordado que el propio Consejero Antonio Luengo reconoció que se aprovechó este texto para introducir cambios con los que solucionar algunos problemas en materia de pesca, Vías Pecuarias, forestal y de navegación en el Mar Menor.
Aunque es cierto que la derogación de los artículos sobre navegación en el Mar Menor obedecen a la necesidad de corregir la invasión de competencias estatales en las que se incurrió en el Proyecto de Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor, el resto de cambios suponen arreglar los problemas de mala gestión por la vía fácil: cambiar las obligaciones legales y no la forma de gestionarlas.
En este sentido, Pedro Luengo, portavoz de la organización ecologista, insistió en que “llevamos años de desmantelamiento de la legislación ambiental por parte del Gobierno Regional”, que considera que la única forma de agilizar la tramitación de expedientes es reducir las garantías ambientales, y no la vía de aumentar la estructura, personal y medios de una administración ambiental autonómica que cada día está más adelgazada y degradada, y en la que se abusa de la precariedad, la falta de perfiles adecuados y el uso de la designación, como vienen denunciando sindicatos y organizaciones ecologistas.
Tras este análisis, se advirtió de la presencia de tres apartados del Decreto-Ley en que se puede estar incumpliendo la legislación básica estatal y directiva europea:
En el Capítulo III, que modifica la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección ambiental integrada de la Región de Murcia, su Artículo Doce trata de eludir la evaluación de impactos negativos a espacios protegidos de la Red Natura 2000, en contra de lo establecido por Ley 21/2013 de evaluación ambiental, así como la Directiva Hábitats.
Y su artículo Trece podría estar vulnerando el artículo 140 de la Constitución Española, de “autonomía municipal”, y la Ley de Bases de Régimen Local, al modificar el Anexo I de Actividades Sometidas a licencia de actividad.
El tercer conflicto se encuentra en el Capítulo IV, cuya Disposición Adicional Primera vulneraría la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias, al pretender que se adapten estos caminos públicos al planeamiento, para resolver conflictos generados por una mala vigilancia del cumplimiento de la legalidad, cunado la Ley exige que es el planeamiento el que se debe adaptar al respeto y mantenimiento de este bien de interés público.
Como conclusión, Ecologistas en Acción consideró totalmente inadecuado el uso del Decreto-Ley para promover cambios no urgentes, con los que tratar de solucionar problemáticas derivadas de la mala gestión, máxime cuando se trampea la urgencia usando falsos pretextos, en este caso la crisis sanitaria y sus consecuencias. Advirtieron de que esta tramitación a la carta, sin participación y sin transparencia, aumenta la ineficacia y la inseguridad jurídica, incurriendo incluso en posibles inconstitucionalidades, como en este caso.
Por ello, la organización instó a los grupos Parlamentarios, y al Gobierno Regional, a utilizar la vía ordinaria para formular los cambios legales necesarios, con el aporte de la participación pública y las correcciones que introducen los informes de los órganos consultivos.
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