Ecologistas en Acción recuerda a los ayuntamientos que el incumplimiento de la nueva Ley de Residuos conlleva multas.
La nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular 7/2022, que obliga a realizar cambios sustanciales en la gestión de los residuos municipales, entra en vigor el 1 de julio. Ecologistas en Acción ha enviado una carta a todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes destacando la urgencia de modificar la escasa separación y aprovechamiento actuales de la basura antes del plazo fijado.
Por si esto fuera poco, el objetivo 12 de la Agenda 2030 (producción y consumo sostenibles) y la lucha contra el cambio climático requieren de los ayuntamientos que pongan en práctica la economía circular. Esto supone un profundo cambio de toda la gestión municipal para incorporar las nuevas obligaciones, sobre todo:
- La recogida separada de la materia orgánica biodegradable de las basuras (biorresiduos) a partir del próximo 1 de julio, bien mediante el sistema puerta a puerta o mediante un quinto contenedor con llave. El mantillo obtenido debe ser de buena calidad y ya no se permite la “estabilización”, con la que se obtiene un producto pésimo y no comercializable.
- Crear una tasa diferenciada específica para los residuos, que debería depender de la cantidad generada: que la ciudadanía pague en función de la cantidad que tire. Ello implica elaborar nuevas ordenanzas fiscales para que la tasa cubra todos los costes de gestión.
- El pago de un nuevo impuesto: 40€ por tonelada llevada a vertedero y 20€ por tonelada incinerada de residuos no aprovechados, de forma que la eliminación de los residuos alcance precios disuasorios.
- Aprobar programas de gestión de residuos y adaptar todos los contratos de prestación de servicios a la nueva normativa.
Los municipios también deberán fijar un calendario para la implantación de nuevas recogidas separadas, aparte de los biorresiduos: textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y residuos voluminosos. Llevar los residuos sin tratamiento previo al vertedero queda completamente prohibido.
En cambio, el coste de recogida de los envases de la fracción resto y de la recogida viaria, a cargo injustamente hasta ahora de los ayuntamientos, recaerá sobre Ecoembres y los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, es decir, sobre los que ponen los productos en el mercado.
Otra de las obligaciones a asumir por los municipios es la elaboración de un inventario de instalaciones con amianto (uralita) y un plan de retirada de ese amianto en el plazo de un año.
La Ley obliga a que todos los municipios adopten los principios de la economía circular para que productos y materiales duren el mayor tiempo posible y se limiten los daños al medio ambiente.
El balance de la gestión de residuos municipales en nuestro país es desastroso y no alcanza los objetivos establecidos: no llegamos al 50 % de recuperación en 2020 y si no aplicamos con rigor la nueva Ley, tampoco conseguiremos la preparación para la reutilización y el reciclado del 55% en 2025 ni del 60 % en 2030.
Ecologistas en Acción es consciente del enorme desafío que suponen estos compromisos para las entidades locales, con medios técnicos, fondos económicos y recursos humanos limitados, pero es inaplazable cumplirlos porque su incumplimiento acarreará importantes multas coercitivas.
Ecologistas en Acción emplaza a las autoridades locales a asumir estas nuevas obligaciones legales con programas ambiciosos de concienciación de los ciudadanos y con revisiones en profundidad de todos los factores implicados en la gestión municipal de los residuos. De no actuar con rapidez, pronto llegarán las sanciones económicas impuestas desde la Unión Europea.
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