• Trabajos no autorizados en una finca agrícola ocasionan graves destrozos sobre comunidades vegetales de gran valor ecológico y botánico.
  • La ampliación de caminos y la roturación de taludes provocan la eliminación de decenas de ejemplares de pítano (Vella pseudocytisus), una escasa especie protegida por la legislación castellano-manchega.
  • Las organizaciones ecologistas venían reclamando a la Junta de Castilla-La Mancha medidas para garantizar la integridad y supervivencia de esta valiosa población de pítanos.
  • La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ignoró todos los requerimientos que se le dirigieron desde agosto de 2019.

Las organizaciones ecologistas ARBA y Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro han denunciado la destrucción de comunidades vegetales y hábitats de interés comunitario por obras en la finca agrícola “La Vega” de la localidad toledana de Yeles, propiedad del empresario Luis Miguel Rodríguez y dueño de Desguaces La Torre.

Estas actuaciones, desarrolladas desde finales de 2022, han consistido en el ensanche de los accesos a la propiedad y la ampliación y arreglo del principal camino de la finca al pueblo de Yeles. Los trabajos se acometieron sin autorización, ocasionando daños irreversibles sobre amplias franjas de vegetación pertenecientes a los Hábitats 1430 “Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)”, 1520 “Vegetación gipsícola mediterránea” (matorrales sobre suelos de yeso) y 6220 “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea” (pastizales de especies anuales), estos últimos son hábitats de conservación prioritaria en la Directiva Hábitats.

La roturación y el arrasamiento de taludes de los accesos a la propiedad han provocado asimismo la eliminación de decenas de pies de pítano (Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus), una planta crucífera considerada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 200/2001, B.O.C.L.M. de 6 de noviembre de 2001). El Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España de 2010 igualmente la cataloga como “en peligro”. Debido a la crítica situación de esta especie, la Junta de Castilla-La Mancha aprobó en 2005 un plan de recuperación para garantizar la protección y conservación de sus poblaciones en su hábitat natural.

La población de pítanos de Yeles fue descubierta en 2009, estando constituida por unos 1000-1500 individuos, lo que la convertía en la mayor de toda Castilla-La Mancha. El descubrimiento de esta excepcional población, a más de 20 km de distancia de los otros núcleos conocidos, constituyó una circunstancia relevante que, de acuerdo con las prescripciones del propio plan de recuperación,  aconsejaba su revisión. De esta manera, las asociaciones ecologistas volvieron a reclamar en mayo de 2021 a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad la actualización del marco de protección de la especie, y muy concretamente de su plan de recuperación, con la inclusión de medidas específicas de conservación para este nuevo núcleo.

Sin embargo, todos y cada uno de estos requerimientos dirigidos desde el verano de 2019 fueron ignorados por los responsables de la conservación del medio ambiente de la Junta. En febrero de 2020 enviaron incluso una carta al presidente Emiliano García-Page, a la que nunca se dio respuesta. Tampoco corrieron mejor suerte ninguna de las reclamaciones formuladas desde instancias universitarias y científicas pidiendo una protección específica para los pítanos de este singular enclave toledano. La finca donde se localizó esta población alberga, en efecto, una gran diversidad de especies y presentaba un excelente estado de conservación de los hábitats. Por otra parte, estudios genéticos en el conjunto de las especies de este género de crucíferas han demostrado las diferencias entre estas poblaciones presentes en el norte de su área (Toledo y Madrid) frente a las otras poblaciones de pítano que se encuentran en el sur (Granada).

Las organizaciones denunciantes lamentan la negligencia de los responsables regionales, al tiempo que exigen la asunción de responsabilidades por parte de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, poniendo especialmente el foco en su titular, Félix Romero Cañizares, y en la inoperancia de Antonio Aranda Moreno, Jefe de Servicio de Espacios Naturales y uno de los redactores del citado plan de recuperación. Además, este funcionario lleva años haciendo caso omiso a otros requerimientos para implementar medidas de gestión para otras especies amenazadas en la región. En definitiva, parece que la conservación de especies amenazadas no constituye un objetivo prioritario en la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha.

 

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