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Las presas de La Rial y Los Morales llegan al Consejo Nacional del Agua tras una tramitación fraudulenta

Ecologistas en Acción de la provincia de León ha remitido al Comisionado de Transparencia del Procurador del Común una solicitud de mediación para el acceso a documentos clave que la propia Confederación se comprometió a facilitar.

Los polémicos proyectos, contra los que ya se han manifestado los municipios afectados, vecinos y ecologistas, se pretenden incluir en el Plan Hidrológico vía Real Decreto, sin la publicidad de sus documentos justificativos ni participación real, con una DIA obsoleta, incompleta y prorrogada -in extremis- por la Confederación Hidrográfica.

Ecologistas en Acción en la provincia de León se ha dirigido al Comisionado de Transparencia del Procurador del Común solicitando su mediación para la publicación y acceso al documento “Estudio de viabilidad económica-financiera de las presas de la Rial y los Morales”, encargado por la Confederación Hidrográfica del Duero a la Universidad de Salamanca en el año 2018 y publicitado entonces como determinante en las decisiones a tomar.

El documento, inaccesible durante el periodo de información pública del Plan Hidrológico y de interés evidente para la sociedad leonesa, fue solicitado por la asociación ecologista al ente público, quien denegó su acceso, en lo que Ecologistas en Acción considera un ejercicio de opacidad insólito y un incumplimiento de la legalidad vigente y de los compromisos manifestados desde la propia confederación.

En respuesta (nº4104 sobre el escrito 1141) a las alegaciones de la asociación conservacionista, la Confederación manifestó que “cualquier documento ambiental de este proyecto que, por la arquitectura de este sistema no pueda encontrarse en él, puede ser solicitado a este Organismo, quien oportunamente la hará llegar al solicitante, en cumplimiento del artículo 3.1.a) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, añadiendo sobre este estudio de viabilidad económica-financiera el hecho de haber “consensuado (su realización) con los alcaldes de los municipios afectados para contemplar aspectos fundamentales en la toma de decisión sobre este proyecto”, esclareciendo así lo fundamental de conocer su contenido para un proceso de participación pública como el que se debería haber llevado a cabo.

En dicha respuesta, el ente público despachó los ocho puntos de las alegaciones ecologistas con el escueto compromiso de transparencia citado, sin tan siquiera considerar otros puntos como: la obsolescencia de los estudios y documentos aprobados (DIA incluida), ilegalidad del proyecto respecto a la Directiva Marco Europea y otras disquisiciones normativas (ley del Clima), el rechazo social e institucional de los municipios afectados, la protección de la biodiversidad (presencia de especies protegidas) o el desarrollo de alternativas por el lado de la demanda y la gestión del recurso, así como el deficiente mantenimiento de la red hídrica y consecuentes pérdidas de agua.

La omisión de todas estas cuestiones en la respuesta del ente y su falsario compromiso de facilitar el documento otrora comprometido y vendido como “definitorio”, han llevado a los ecologistas a la consideración del proceso como un paripé de participación pública, en el que el rodillo político-administrativo no se detiene ni en las formas ni en el fondo de las cuestiones a participar.

Ante la inminente celebración, del Consejo Nacional del Agua, convocado para el próximo día 29, con la presentación del III ciclo de Plan Hidrológico del Duero en el que se incluyen las presas de La Rial y Los Morales como medidas de regulación, Ecologistas en Acción en la provincia de León insta a la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Mª Jesús Lafuente, a la retirada inmediata de las medidas 6403238 presa de los Morales y 6403237 presa de La Rial, y todas las medidas asociadas a dichos proyectos (salvo la búsqueda de alternativas) contenidas en el Plan y Adenda publicadas, ante lo que consideran un fraude procedimental manifiesto, sin una participación pública real ni publicidad suficiente de los documentos justificativos amén de una posible violación del código penal.

La Rial y Los Morales son ilegales.

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