• Ecologistas en Acción presenta un informe sobre las analíticas de plaguicidas en el agua potable realizadas por las administraciones en 2021.
  • La organización denuncia que las analíticas oficiales buscan plaguicidas históricos que ya no se emplean, en lugar de medir los que se usan ampliamente en los campos.
  • Además, los controles no se realizan en muchos municipios, que quedan sin información sobre la presencia de plaguicidas en su agua.
Ecologistas en Acción presenta el informe ‘Plaguicidas en el agua de consumo humano’, en el que analiza el control de plaguicidas en agua potable realizado en 2021 por las administraciones responsables del abastecimiento.

Un primer aspecto que destaca la organización ecologista es que las administraciones no analizan los plaguicidas agrarios que realmente se emplean, que son los que pueden contaminar las zonas de abastecimiento por contaminación difusa. En su lugar, se centran en estudiar la posible presencia de plaguicidas históricos no autorizados que ya no se utilizan.

Asimismo, un elevado número de poblaciones españolas carecen de analíticas para detectar plaguicidas en su agua potable, por lo que no tienen ninguna información sobre la presencia de estos tóxicos.

La información que están dando las autoridades responsables, con el Ministerio de Sanidad a la cabeza, no es completa, al no recoger todas las poblaciones, ni representativa de la situación real, al obviar los plaguicidas que realmente se emplean en la zona de abastecimiento.

El informe repasa también el caso de contaminación con herbicidas agrícolas en Les Garrigues, en verano de 2022, donde no pudieron abastecerse de agua durante dos meses.

Ecologistas en Acción recuerda a las administraciones que deben realizar un control de plaguicidas en el agua potable más riguroso que asegure, como obliga la legislación, que “el agua destinada a la producción de agua de consumo humano no entrañe un riesgo para la salud de la población abastecida”. Para ello, deben conocer y analizar qué plaguicidas se utilizan en su ámbito territorial y realizar medidas de reducción de la contaminación difusa si la hubiere, todo ello sin excluir a ningún municipio.

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